Rajoy ha urgido al TC a que no se limite a realizar una "mera declaración de nulidad", sino que emprenda "todas las medidas necesarias" para que no se celebre el 1-O
Por su parte, se prevé que este jueves el Tribunal Constitucional (TC), reunido en sesión extraordinaria, tome algún tipo de medida encaminada a suspender las resoluciones que ayer se aprobaron en el Parlament, sabiendo además que el Gobierno español ha anunciado que presentará varios recursosante este organismo jurídico, para lo que ha convocado un Consejo de Ministros extraordinario para este mismo jueves.A pesar de que el propio Ejecutivo catalán ha manifestado que no reconocerá las posibles suspensiones que emita el TC y, por lo tanto, continúen con sus planes sobre el referéndum, tanto el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, como sus consejeros están expuestos a posibles consecuencias negativas.
De hecho, el propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha solicitado este miércoles a los miembros del Tribunal Constitucional a que no se limite a una “mera declaración de nulidad” sino que le urge a que emprenda “todas aquellas medidas que sean necesarias” para impedir que finalmente se celebre el referéndum del próximo 1 de octubre.
INHABILITACIÓN POLÍTICA Y MULTAS
En este sentido, una de las posibles actuaciones que podría emprender el TC es la inhabilitación de los miembros de la Mesa del Parlamento de Cataluña que votaron a favor de que se admitiera a trámite la ley de referéndum. Igualmente tanto Toni Comín, como el resto del gobierno catalán, podrían recibir el mismo mensaje y ver suspendidas sus actuaciones por haber firmado la convocatoria.
La Generalitat ha querido compartir el grado de responsabilidad de sus actuaciones, firmando de manera conjunta el decreto de convocatoria del referéndum
Otra de las posibles medidas que podrían tomar los miembros del Constitucional, podría ser la imposición de multas o sanciones económicas a los mismos actores citados anteriormente, ya que han compartido un grado de responsabilidad similar en la aprobación de la ley de referéndum y de su convocatoria. Cabe recordar que, por la organización del anterior referéndum, el del 9-N de 2014, el Tribunal de Cuentas ha citado al expresidente de la Generalitat, Artur Mas, y a varios miembros del Ejecutivo catalán de aquel año, a que paguen conjuntamente una fianza de 5,12 millones de euros por haber realizado dicha consulta.
Esta situación, incluso podría agravarse ya que la Mesa del Parlamento de Cataluña ha admitido a trámite la llamada ley de transitoriedad jurídica, otra iniciativa impulsada por Junts pel Sí y la CUP que tiene como objetivo iniciar la desconexión con el Estado español. Si finalmente también sale adelante este jueves, previsiblemente será recurrido por el Gobierno central al TC.