En los tres últimos años se han producido 43 despidos y sanciones graves en el centro, diez de ellos a facultativos
Según este sindicato, tras el cambio de gestora de Ribera Salud a Sanitas con la venta de la participación de la primera a la aseguradora británica un año después de la inauguración, “los profesionales del Hospital de Torrejón salieron perdiendo”. De este modo, acusa a Sanitas de no respetar las retribuciones que habían pactado con Ribera Salud y endurecer “de manera significativa” las condiciones laborales. “Como consecuencia, en los dos años siguientes se ha producido un éxodo masivo. En el caso de los médicos, 47 especialistas, un 20% de la plantilla, ha abandonado voluntariamente el centro, lo que ya ha sido denunciado por Amyts”, afirman en el comunicado.Asimismo, en los tres últimos años se han producido 43 despidos y sanciones graves en el centro, diez de ellos a facultativos. En estos casos, Sanitas, como accionista mayoritario y gestor principal del hospital, “aceptó la improcedencia de los despidos, incluso en los que previamente había abierto expediente contradictorio”. Además, añade Amyts, “es excepcional en el resto del ámbito sanitario, tanto público como privado, que los profesionales sean despedidos con tanta ligereza y sin causas objetivas, más allá de la libertad empresarial. Esto nos hace pensar si no se estarán ajustando los gastos de personal a base de recambiar profesionales antiguos por otros nuevos, con contrato más barato”.
"Existe un trato diferente entre los distintos servicios médicos, en función de su rentabilidad"
Desde un punto de vista empresarial, el sindicato sostiene que existe un trato diferente entre los distintos servicios médicos, “en función de su rentabilidad, es decir, de su capacidad de captar pacientes”. En este sentido, los representantes sindicales no se explican que servicios esenciales para cualquier hospital como Endocrinología u Oncología cuenten “con apenas dos o tres facultativos”.De esta forma, los profesionales del centro de Torrejón perciben inseguridad laboral, así como presión asistencial, lo que tiene como consecuencia “un pésimo ambiente laboral, de desencanto, insatisfacción y amenaza por el despido arbitrario”. Al respecto, Amyts recuerda que se trata de un hospital público que debe rendir cuentas a la Administración madrileña, por lo que también solicita que se investigue el funcionamiento interno de este hospital. “Los profesionales reclaman un cambio, una racionalización de las cargas laborales y un mayor control por parte de la Consejería”, concluye el comunicado.
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