Las organizaciones sindicales han denunciado que más de 15 ambulancias del grupo Tenorio no son capaces de ofrecer servicio en diez localidades de Sevilla (Andalucía) al imcumplir con los fundamentos de la normativa de transporte sanitario por vía terrestre. Los municipios afectados son los siguientes: Sevilla capital, San Juan de Aznalfarache, Osuna, Alcalá de Guadaira, Dos Hermanas, Arahal, El Cuervo, Las Cabezas de San Juan, Lebrija y Los Palacios.
Los trabajadores sostienen que se está poniendo en riesgo la salud de los pacientes sevillanos, por lo que han solicitado al Servicio Andaluz de Salud (SAS) que actúe de forma inmediata. Señalan que los vehículos afectados son más bajos y tienen menos dotación sanitaria de lo que, tanto la normativa como el pliego de condiciones del servicio andaluz, establecen.
Los trabajadores sostienen que se está poniendo en riesgo la salud de los pacientes sevillanos, por lo que han solicitado al Servicio Andaluz de Salud (SAS) que actúe de forma inmediata
Tal y como precisan los sindicatos, al menos 17 ambulancias del modelo Mercedes Vito del grupo Tenorio que prestan el servicio en ruta en la provincia de Sevilla no cumplirían con la ley de transporte sanitario por carretera, que regula las características técnicas, el equipamiento sanitario y la dotación de personal de este tipo de vehículos.
En la misma línea, se incumpliría las instrucciones del Servicio Andaluz de Salud en esta materia. La normativa por la que se regula el transporte sanitario por carretera, el Real Decreto 836/2012, de 25 de mayo, fija que las ambulancias que presten este servicio deberían ser como mínimo de tipo B, con un conductor y un técnico en emergencias, pero los representantes de los trabajadores sostienen que los vehículos de Tenorio serian no asistenciales, es decir, vehículos no habilitados por la legislación para realizar urgencias y con un solo conductor.
Esta situación, según denuncian los representantes de los trabajadores, se lleva produciendo desde hace bastante tiempo sin que el SAS y los servicios de inspección de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía hayan intervenido. Todo ello a pesar del riesgo que este asunto pudiera producir a los habitantes de las poblaciones señaladas.