La Consejería de Salud ha solicitado la custodia de las historias clínicas de las personas afectadas por el cierre de las clínicas de iDental a los distintos juzgados implicados en este caso. Con esta acción, la Consejería de Salud persigue facilitar y agilizar que las personas afectadas puedan disponer de la documentación que necesiten para los procesos administrativos y judiciales en marcha, así como para continuar el tratamiento o resolver aspectos clínicos.
De esta forma, profesionales documentalistas de la sanidad pública andaluza, una vez autorizados por el Juzgado Central de la Audiencia Nacional que lleva el caso, procederán a identificar, custodiar y clasificar la información procedente de estas historias de las que se podrá dar copia a los usuarios que así lo requieran. Hasta el momento, se han remitido ya historias clínicas por parte de los juzgados en Córdoba y Málaga y se está a la espera de recibir la documentación clínica en el resto de provincias.
La Consejería de Salud ha solicitado la custodia de las historias clínicas de las personas afectadas por el cierre de las clínicas de iDental
Asimismo, se han producido contactos con el Consejo Andaluz de Colegios de Dentistas para coordinar acciones conjuntas y solicitar la colaboración de sus profesionales para la realización de valoraciones de trabajos pendientes de realizar en el tratamiento contratado.
Por otra parte, desde la Dirección General de Consumo se recuerda a las personas afectadas por el cierre de las clínicas iDental en Andalucía que pueden dirigirse a alguno de los Servicios Provinciales de Consumo de la Junta de Andalucía, o a la OMIC de su ayuntamiento, para tramitar su reclamación a la compañía.
De hecho, la Dirección General de Consumo ha recibido y tramitado más de 4.100 reclamaciones relacionadas con las seis clínicas de iDental en Andalucía. La mayor parte de estas reclamaciones se han producido en lo que va de año.
Del mismo modo, se han iniciado hasta la fecha varios procedimientos sancionadores contra la empresa por prácticas comerciales desleales, por desatención a los consumidores, por no atender los requerimientos formulados por la administración, por introducir cláusulas abusivas en los contratos, por no contestar la hoja de quejas y reclamaciones y por fraude en la prestación de servicios, entre otras cuestiones.