CSIF denuncia que el SAS prescinde de 8.000 profesionales de refuerzo Covid

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha calificado de “lamentable” la decisión de la Consejería de Salud y Familias de no renovar a 8.000 de los 20.000 profesionales que contrató como refuerzo covid.

Jesús Aguirre, consejero de Salud de Andalucía. (Foto. Junta de Andalucía)
Jesús Aguirre, consejero de Salud de Andalucía. (Foto. Junta de Andalucía)

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha calificado de “lamentable” la decisión de la Consejería de Salud y Familias de no renovar a 8.000 de los 20.000 profesionales que contrató como refuerzo covid y cuya vinculación finaliza el próximo 31 de octubre, al contrario de lo anunciado por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, durante la sesión de control del pasado 14 de octubre. Tras reunirse con el consejero Jesús Aguirre, el sindicato cree que la Administración “ha desperdiciado una oportunidad única e ideal para reforzar y actualizar una plantilla que ya estaba infradotada tras años de abandono, como volvió a ponerse en evidencia con la pandemia”.

“En vez de estabilizar y consolidar las 20.000 plazas para que la plantilla experimente un aumento real y efectivo y la calidad del servicio a la ciudadanía mejore, el SAS apuesta por mermar ambas”, ha denunciado la vicepresidenta del Sector de Sanidad de CSIF-A, Carmen Jiménez. “La sanidad andaluza ha sido castigada desde hace años y con la pandemia se le saltaron las costuras. No sobraba nadie y aún faltaban puestos con los 20.000”, ha añadido.

“En vez de estabilizar y consolidar las 20.000 plazas para que la plantilla experimente un aumento real y efectivo y la calidad del servicio a la ciudadanía mejore, el SAS apuesta por mermar ambas”

CSIF Sanidad Andalucía, de hecho, pidió al consejero que los contratos fuesen de larga duración en el caso de todos los puestos estructurales que están sin cubrir y los que respondan a necesidades básicas y prolongadas, como refuerzos o ajustes de plantilla. También solicitó la renovación en general de todas las plazas, ya que todo lo contratado hasta ahora había sido según las necesidades de los centros. “Si la pandemia ha servido para que se vean las carencias del sistema, arréglalas. Hay profesionales que pueden seguir siendo útiles y que hacen falta, por ejemplo para tratar las secuelas del covid-19”, ha recordado Jiménez.

La Central Sindical también ha criticado el anuncio de la Consejería de que los contratos que se les harán a los 12.000 trabajadores que sí renovarán tendrán una duración de sólo seis meses. La Junta también se ha comprometido a estabilizar a 10.000 de ellos. “Pero la mayoría no son plazas nuevas, sino plazas ya dotadas que estaban vacantes y que se cubrieron con contratos eventuales para luchar contra el coronavirus”, ha apostillado Jiménez.
En vista de la situación, CSIF-A ha pedido que se convoque la Comisión Central de Bolsa Única para conocer todos los detalles del plan de la Junta y ha exigido que esas 10.000 interinidades se cubran “de forma inmediata”. Al mismo tiempo, el sindicato no descarta la organización de movilizaciones conjuntas con el resto de representaciones de los trabajadores.

“Si la pandemia ha servido para que se vean las carencias del sistema, arréglalas. Hay profesionales que pueden seguir siendo útiles y que hacen falta, por ejemplo para tratar las secuelas del covid-19”

Durante la reunión celebrada este lunes, CSIF-A también reiteró a los máximos responsables de Salud su absoluto rechazo al Plan Estratégico para la Atención Primaria por no contemplar una mayor dotación presupuestaria y porque provocará “agendas imposibles, extenuación de los profesionales y asunción de funciones y responsabilidades impropias de algunas categorías”, lo que “no sólo no reducirá las listas de espera, sino que mermará la calidad de la asistencia y quemará a los profesionales”. Según CSIF Sanidad Andalucía, el refuerzo “real” de la Atención Primaria pasa por que se le dedique como mínimo el 25% de la inversión total de la Junta en sanidad, que a su vez tendría que rondar entre el 7,5 y el 8% del Producto Interior Bruto (PIB) de la comunidad.

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