La Sociedad Española de Radiología Médica (SERAM), tras la denuncia de un grupo de profesionales asociados, advierte de que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) está incumpliendo la legislación en el diagnóstico del ictus.
La sociedad científica ha tenido conocimiento de que en varios centros asistenciales (CHARE) que dependen del Área Asistencial de Granada (concretamente los de Alcalá la Real, Loja, Guadix y Alcaudete) se está manejando el equipamiento radiológico (TC) sin cumplir el Real Decreto 601/2019, al ser facultativos no radiólogos los que indican las pruebas radiológicas para el diagnóstico del ictus, las programan, supervisan e informan.
Esto “supone una pérdida de calidad y seguridad que repercute directamente en la ciudadanía” así como “una agresión directa a la profesión del radiólogo, un incumplimiento de la legalidad"
El manejo de las técnicas neurorradiológicas que, como indica la normativa, debe ser realizado por radiólogos, ha sido sustituido en estos casos por un sistema de inteligencia artificial que da asistencia a los neurólogos y que se aplica sobre las imágenes radiológicas obtenidas en la Tomografía Computarizada (TC).
La SERAM advierte de que esto “supone una pérdida de calidad y seguridad que repercute directamente en la ciudadanía” así como “una agresión directa a la profesión del radiólogo, un incumplimiento de la legalidad y, por lo tanto, algo que la SERAM está obligada a denunciar para evitar que suceda”.
La Junta Directiva de la SERAM ha solicitado aclaraciones en una carta enviada al consejero de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre, aún sin respuesta
Por ello, la Junta Directiva de la SERAM ha solicitado aclaraciones en una carta enviada al consejero de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre, aún sin respuesta.
En ella exigen que cualquier herramienta de ayuda al diagnóstico al ictus que se utilice esté integrada en los servicios de radiología y que sus resultados sean validados por un informe radiológico. Lo contrario, defienden desde la sociedad científica, supone “un riesgo evidente y una amenaza al sistema sanitario, que puede desestabilizarse al aparecer un claro conflicto de funciones y competencias”.