La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) de Zaragoza ha denunciado este jueves la falta de personal sanitario que sufren los centros penitenciarios aragoneses, en los que "no se cubren las bajas, jubilaciones y excedencias desde hace años", lo que pone en "cuestión" la garantía de prestar una adecuada atención sanitaria a los internos, de los que 1.200 se encuentran en Zuera y 370 en Daroca.
De hecho, el sindicato apunta que en el caso de Zuera la plantilla de médicos contemplada en la relación de puestos de trabajo es de ocho facultativos pero, a día de hoy, hay sólo cuatro, uno de ellos de baja. En el de Daroca, la plantilla que figura en la citada relación es de seis, pero únicamente trabajan cuatro y uno de ellos es el subdirector médico y no tiene obligación de realizar guardias; otro está en comisión de servicios que podría renovarse el próximo mes de octubre.
"El Salud no parece dispuesto a asumir los más de siete millones de euros que se adeudan por la prestación de este servicio"
También se mantiene esta "línea de escasez" de personal en cuanto a Enfermería: en Zuera, hay cubiertas 11 de las 13 plazas; en Daroca, cinco de las siete. Otro tanto ocurre con auxiliares de Enfermería: en Daroca donde, desde hace mucho tiempo, hay uno de los tres previstos en plantilla; en Zuera hay cuatro de seis estipulados, pero hay prevista una jubilación este mismo año.
Esta situación contribuye a "sobrecargar aún más" servicios externos tales como el transporte sanitario y las urgencias hospitalarias. En Zuera, durante los fines de semana, festivos y las noches de lunes a viernes trabaja una enfermera. En Daroca, la época de crisis motivó que, a partir de 2013, comenzasen las guardias en el domicilio particular, lo que "en modo alguno resulta operativo en caso de urgencia"; se trata de una práctica desaconsejada por el propio Defensor del Pueblo.
CSIF considera que hay que agilizar cuanto antes la transferencia de esta prestación sanitaria, aprobada por Ley 16/2003, de 28 de mayo, en su disposición adicional sexta, a la comunidad autónoma. El problema, indica la organización sindical, reside en que "el Salud no parece dispuesto a asumir los más de siete millones de euros que se adeudan por la prestación de este servicio".