El Tribunal Superior ha declarado nulas dos jubilaciones forzosas impuestas a médicos del Servicios Aragonés de Salud por el Gobierno autonómico en julio de 2013, según publica este lunes el periódico Heraldo. Ahora los facultativos afectados deberán ser compensados económicamente por las retribuciones que no ha percibido desde el momento de la jubilación hasta cumplir los 70 años, edad máxima que marca el Estatuto del Personal de Salud que pueden prolongar su vida laboral.
Las jubilaciones forzosas son una cuestión que han denunciado otros médicos aragoneses, de hecho, en este momento hay cerca de 200 recursos en el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) que podrían tener la misma resolución y obligar al Gobierno de Aragón a pagar por las retribuciones no percibidas. Según indica el citado medio, las primeras sentencias reconocen el derecho que tenían los demandantes a permanecer en el servicio activo a partir de los 65 años, ya que establecen que su prórroga laboral no puede denegarse “libre e incondicionadamente” sino que debe hacerse con “sujeción a lo que prevean los Planes de Ordenación de Recursos Humanos”.
El Gobierno autonómico tendrá que pagar a los facultativos las retribuciones no percibidas desde el momento de su jubilación hasta cumplir los 70 años
Cabe recordar que el conflicto de las jubilaciones forzosas comenzó en 2013, cuando se rechazaron todas las solicitudes de los facultativos que pidieron prolongar su vida laboral después de los 65 años. No obstante, esta medida en realidad se extendía a todos los funcionarios públicos aunque el sector de la sanidad fue uno de los más afectados. De hecho, hace cinco años cesaron su actividad forzosamente más de 150 médicos del Servicio Aragonés de Salud.
Por su parte, el exconsejero de Sanidad, Sebastián Celaya, defendió el derecho de los sanitarios a prolongar su vida laboral después de los 65 años debido a déficit de facultativos de la región. Además, a la comunidad se le suma la cantidad de plazas en zonas rurales que están cubiertas por médicos extracomunitarios que, tras finalizar su formación MIR, se encuentran con trabas legales para permanecer en España.
Al respecto, Evangelino Navarro, presidente de CSIF-Aragón, declaraba hace unas semanas que “cuando un extracomunitario termina su formación necesita tener un contra al día siguiente para poder quedarse y trabajar al menos uno o dos años en España. De no ser así, pierden su permiso de residencia por formación y tenemos que pasar a solicitar un permiso de trabajo que el Ministerio de Extranjería tarda más de seis meses”.