La Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones (APFP) denunciaba recientemente la muerte de nueve reclusos (dos de ellos en Asturias) durante la celebración del puente de la Constitución. Estas muertes estarían asociadas, presuntamente, a la falta de personal sanitario en los centros penitenciarios durante los días festivos.
Una situación que ha desatado la polémica. Comisiones Obreras ha denunciado que las cifras por fallecimientos en las cárceles debido a la falta de personal ascienden a 160 en lo que va de año. “Un número inusualmente alto, constata la degradación de la sanidad penitenciaria, la incapacidad de los gestores penitenciarios para solucionar el problema del reparto de la medicación durante los fines de semana y festivos, así como la acumulación masiva de pastillas entre internos”, destacan desde la organización sindical.
La solución que proponen desde Comisiones Obreras pasa por la transferencia a las autonomías, incluido el Principado de Asturias, de la sanidad penitenciaria tal y como se recoge en la Ley. Además solicitan el restablecimiento de las guardias de 24 horas que han sido suprimidas en la mayoría de las cárceles del país.
Los datos aportados por el sindicato ponen de manifiesto que Instituciones Penitenciarias no está cubriendo con la oferta de empelo público anual las necesidades de personal médico, enfermería y auxiliares. Destacan que más del 30% de las plazas de facultativos y el 25% de las plazas de auxiliares de enfermería se encuentran actualmente vacantes. Un déficit que aseguran es aún peor en el caso de los dos psiquiátricos penitenciarios.
Comisiones Obreras apunta que, con el objetivo de solucionar la situación actual, las direcciones de las prisiones dictan “órdenes arbitrarias” para ejercer el control en la acumulación de pastillas. Especialmente en el caso de los psicotrópicos por parte de los reclusos y evitar así sobredosis.
La solución que proponen desde Comisiones Obreras pasa por la transferencia a las autonomías, incluido el Principado de Asturias, de la sanidad penitenciaria tal y como se recoge en la Ley
Durante el pasado puente de la Constitución, el director del centro penitenciario de Sevilla (en el que murió un recluso), dictó una orden por la que “se arroga capacidad legislativa para modificar la normativa penitenciaria y asigna funciones 'ex novo' de control de pastillas al personal funcionario de vigilancia, ya que no cuenta con personal sanitario suficiente”.
Una orden que desde Comisiones Obreras califican como una vulneración al principio de legalidad y que además provoca una situación de intrusismo profesional. Hechos a los que suman una vulneración de la protección de datos relativos a la salud de los reclusos.
Motivos por los que la organización sindical pide que se transfiera la sanidad penitenciaria a las autonomías y se cumpla de este modo con lo dispuesto en la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud. Hasta que esto sucede, solicitan que se dote a los centros penitenciarios del personal necesario.
En el caso del Principado de Asturias se está avanzando en el proceso de normalización de la relación con las organizaciones no gubernamentales. Los colaboradores de Pastoral Penitenciaria, a los que se prohibió el acceso hace tres años por sus críticas referentes al desmantelamiento del modelo UTE, ya han podido regresar al centro penitenciario.