Los representantes de las empresas y de los trabajadores de las clínicas privadas de Madrid han constituido la comisión negociadora de cara a actualizar el convenio laboral por el cual se rigen las relaciones entre los empleados y los empleadores en estos centros de trabajo en la región. Isidro Díaz de Bustamante, en su calidad de presidente de la Asociación de Centros y Empresas de Hospitalización Privada de Madrid (Achpm), preside la representación patronal en la mesa negociadora.
La llamada ‘comisión negociadora del convenio colectivo de establecimientos sanitarios de hospitalización, asistencia sanitaria, consultas y laboratorios de análisis clínicos de la Comunidad de Madrid’ está integrada por 15 representantes de cada una de las partes negociadoras. Según el certificado de representatividad de la Dirección General de Trabajo, la parte sindical consta de ocho representantes de CCOO, cuatro de UGT y tres de Satse.
La llamada ‘comisión negociadora del convenio colectivo de establecimientos sanitarios de hospitalización, asistencia sanitaria, consultas y laboratorios de análisis clínicos de la Comunidad de Madrid’ está integrada por 15 representantes de cada una de las partes negociadoras
Por la parte empresarial, la representación está presidida por Díaz de Bustamante, como presidente de la Achpm e integrada por este y otros 14 representantes de las principales clínicas y centros privados de asistencia sanitaria de la Comunidad de Madrid.
En la reunión de constitución de esta comisión negociadora, celebrada el 1 de marzo, se acordó organizar la siguiente cita en el plazo máximo de un mes –esto es, antes de abril– y algunos detalles de funcionamiento como la presencia de asesores y secretarios por cada parte. El inicio de los trabajos para actualizar el convenio colectivo en las clínicas privadas coincide con un momento de gran relevancia para estos centros, tras la firma del convenio con la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid que reconoce su importancia en la atención de los pacientes de COVID-19 y establece las pautas para la colaboración público-privada en este ámbito.