RESPUESTA SINDICAL

CSIF recurre ante la Justicia valenciana el decreto para regular la farmacia comunitaria

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha interpuesto recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (Tsjcv) contra el decreto 188/2018.

CSIF ha trasladado su oposición a Consejería de Sanidad Universal y Salud Pública de la Generalitat Valenciana
CSIF ha trasladado su oposición a Consejería de Sanidad Universal y Salud Pública de la Generalitat Valenciana

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03.12.2018 - 16:21

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha interpuesto recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (Tsjcv) contra el decreto 188/2018, de 19 de octubre, del Consell, por el regula la concertación de los servicios profesionales farmacéuticos asistenciales y la acreditación de las oficinas de farmacia para su prestación. En este sentido, la central sindical ha advertido que estas acciones constituyen una "privatización encubierta".

La organización sindical ha explicado que "lo último que se le ha ocurrido a la Administración es la creación de la farmacia comunitaria. Por medio de un convenio con empresas privadas, en este caso oficinas de farmacia, dará un servicio a la población con visitas a domicilio de pacientes crónicos o revisión de botiquines". El sindicato ha subrayado que esto supone "un deterioro de la sanidad pública al quitar competencias a profesionales de Atención Primaria, sobre todo de Enfermería".

"Este decreto supone un deterioro de la sanidad pública al quitar competencias a profesionales de Atención Primaria, sobre todo de Enfermería"

CSIF ha trasladado su oposición a Consejería de Sanidad Universal y Salud Pública de la Generalitat Valenciana, ya que "estas tareas deben realizarse desde la propia sanidad pública, potenciando la Enfermería de Atención Primaria, mejorando la ratio de profesionales por pacientes y destacando su labor". La central sindical ha lamentado, así mismo, que la Administración no se haya reunido previamente con las fuerzas sindicales para aplicar una medida que afecta a las condiciones de los empleados públicos, además de suponer "una privatización encubierta" y "vulnerar la libertad del paciente de elegir farmacia".

El sindicato ha apuntado que "este tipo de medidas no ayuda para nada a mejorar la sanidad pública", y ha exigido a Consejería de Sanidad que derogue el decreto 188/2018, de 19 de octubre del Consell. Además, se ha dirigido a la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tsjcv para interponer recurso.

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