La Central Sindical Independiente y de Funcionarios ha explicado en un comunicado que la Consejería de Sanidad valenciana ha recibido un nuevo correctivo judicial por malas prácticas en materia de recursos humanos. CSIF se refiere al fallo del Juzgado de lo Contencioso Administrativo Nº8 de Valencia por el que “se viene a reconocer que el tribunal público nombrado para seleccionar la plaza de director del Servicio de Emergencias Sanitarias (SES) actuó bajo las directrices de la conselleria y fue nombrado ad hoc para asignar la plaza al candidato señalado desde la dirección de Conselleria”, afirma el sindicato.
Ante esta sentencia, la entidad sindical subraya que “se trata de otro varapalo judicial que demuestra que Sanitat no cumple con la política de transparencia que predica. La Justicia actúa ahora en uno de estos casos y ha ordenado que se repita un proceso de selección público por “estar manipulado y presentar irregularidades flagrantes”.
A su vez, este sindicato señala que la sentencia se refiere al nombramiento del máximo responsable autonómico del Servicio de Emergencias Sanitarias, Pere Herrera, cuya candidatura por concurso de méritos resultó vencedora en la baremación “a pesar de que había otros candidatos con mayor idoneidad académica y una experiencia muy superior a la del candidato de conselleria”, apuntan.
La central sindical subraya que “se trata de otro varapalo judicial que demuestra que Sanitat no cumple con la política de transparencia que predica
“Tal era la seguridad de Sanitat en que resultaría vencedor que ya lo había nombrado provisionalmente 9 meses antes para que le fuese suficiente con esos meses acumulados de experiencia”, añaden desde CSIF.
Sin embargo, “no basta con tener un bagaje profesional muy respetable, puesto que se trata de un concurso y los jueces han comprobado cómo se valoraron más 9 meses de experiencia que 15 años, o un curriculum correcto pero discreto para el puesto concreto, frente a una extensísima formación en la materia”, afirman en el comunicado.
Para el sindicato, la denuncia de uno de los aspirantes que no se conformó con una puntuación arbitraria, deriva en un nuevo problema judicial para Montón: “La consellera tiene que elegir entre reconocer que influyó en el tribunal o designar uno con garantías”. La necesidad de objetividad implica para CSIF, en todo caso, que se asigne la plaza automáticamente al candidato que presentaba mayor adecuación al perfil requerido y cuyos derechos han sido vulnerados.