La nueva Ley de Equidad del Sistema Nacional de Salud tiene como objetivo prioritario blindar la sanidad pública y su gestión. Una normativa que, en el caso de la Comunidad Valenciana, allana el camino iniciado hace ya un tiempo para continuar avanzando con las reversiones sanitarias. En este contexto el consejero de Sanidad Universal y Salud Pública de la Comunidad Valenciana, Miguel Mínguez, ha declarado recientemente que “la nueva ley de equidad no adelantará las reversiones de Denia y Manises, pero sí las facilitará”. El consejero autonómico ha asegurado que su equipo mantiene el 2024 como horizonte para recuperar la gestión directa de estas dos áreas de salud una vez finalicen los contratos.
Se trata de un paso más en la política sanitaria aplicada en la Comunidad Valenciana basada en la desprivatización de los servicios sanitarios sobre los que los partidos de izquierdas acusan al Partido Popular de la Comunidad Valenciana de haber puesto en manos de las compañías privadas a lo largo de las últimas dos décadas.
Hasta el momento se han revertido dos grandes hospitales a la gestión pública: Alzira en 2018 y Torrevieja en 2021 y los resultados no han sido los esperados tal y como señalan en un reciente análisis publicado por El Español. Los propios datos de la Consejería recogidos por este diario muestran que hay miles de derivaciones de pacientes tanto a hospitales como a clínicas privadas. En los primeros meses de 2022 la cifra de pacientes derivados a la sanidad privada en la Comunidad Valenciana ha superado los 9.200.
Un dato que, en términos económicos, se traduce en un total de 7.021.212 euros entre enero y abril del presente año y que supera los 21 millones de euros en el cómputo total del año.
En el Hospital de Torrevieja “están ocurriendo situaciones que atentan contra los derechos de los trabajadores y contra la salud de las personas”, insistiendo en que el nuevo consejero “no puede perder ni un minuto en acudir e intervenir en el desastre que es hoy el servicio sanitario público”
Los datos publicados por El Español han sido accesibles gracias a la pregunta parlamentaria realizada por el diputado popular José Juan Zaplana. En su intervención en la cámara autonómica reprochaba al Gobierno encabezado por Ximo Puig la gestión de la sanidad que está efectuando desde 2015 de la sanidad pública, como demuestra que desde ese año se ha incrementado en un 24% la cifra de pólizas privadas firmadas por los valencianos (más de 221.000).
Tal y como recuerdan en la referida cabecera desde mayo del pasado año no se ha realizado un seguimiento del “Autoconcierto” de la Generalitat con las empresas privadas a las que continúa derivando pacientes.
Un aspecto sospechoso de estas reversiones es que parece que el Gobierno de Puig únicamente ha focalizado su atención contra la compañía privada Ribera Salud, exgestora de Alzira, Torrevieja y actual gestora del Vinalopó en Elche y Denia. Reversiones que no están reportando los objetivos prometidos.
Más allá de los datos de derivación de pacientes, en el caso de Torrevieja la plataforma ciudadana “Sanidad Excelente” solicitaba con carácter de urgencia tras el nombramiento de Mínguez “la presencia o intervención” del nuevo consejero en ese departamento que califican como “un caos sanitario”.
A través de un comunicado denunciaban que en el Hospital de Torrevieja “están ocurriendo situaciones que atentan contra los derechos de los trabajadores y contra la salud de las personas”, insistiendo en que el nuevo consejero “no puede perder ni un minuto en acudir e intervenir en el desastre que es hoy el servicio sanitario público”.
La presidenta de “Sanidad Excelente”, Mamen Mateo, reclamaba “que utilice todos los mecanismos que tenga a su alcance para que nos dé la Sanidad Pública valenciana en el departamento de Salud 22 que nos merecemos los que aquí vivimos, al menos la misma que teníamos, y gestionar como cuándo daba el servicio público sanitario una empresa”.