El 30 de agosto de 1991 fue un buen día para los logopedas. Por aquel entonces se firmó un real decreto que establecía la creación del título universitario oficial de Diplomado en Logopedia. Más tardes, el 22 de diciembre de 1995, y gracias a otro real decreto quedó reconocida como una profesión regulada, incluida en el sector sanitario.
La actividad profesional de logopeda está dirigida al diagnóstico, la prevención, el tratamiento, la evolución y la investigación científica de los trastornos de comunicación humana, abarcando funciones asociadas a la comprensión y expresión del lenguaje oral y escrito, así como aspectos relacionados con la comunicación no verbal. Cumple, por tanto, una labor social de primer orden y está directamente relacionada con el campo sociosanitario y educativo.
Este órgano defenderá los derechos de los logopedas y protegerá los intereses y derechos de las personas consumidoras y usuarias de los servicios ofrecidos por aquellos
La importancia de esta profesión ha llevado al gobierno canario a crear un colegio profesional en el que se integren quienes, con la titulación suficiente, quieran desarrollar profesionalmente la actividad de logopeda como colegiados y regule su ordenación, representación y defensa, desde la perspectiva del interés público, que deberá asumir el cumplimiento de las leyes de transparencia en lo relativo a sus actividades sujetas a derecho administrativo.
Este organismo, tal y como publica el BOE de este martes, se crea como corporación de derecho público, con personalidad jurídica propia y con plena capacidad para el cumplimiento de sus fines y ejercicio de sus funciones.
La integración dentro del colegio profesional no será un requisito obligatorio para el ejercicio de la profesión de logopeda, al igual que será voluntaria la colegiación de las personas que formen parte del nuevo organismo.