El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha admitido recientemente una demanda presentada en el pasado verano por la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias (ASDPC) relativa a la posible ilegalidad en la adjudicación de conciertos sanitarios a finales de 2018, fecha en la que era José Manuel Baltar el consejero de Sanidad de Canarias.
Fue en julio de 2020 cuando la Asdpc interpuso un recursocontencioso-administrativo contra el Servicio Canario de Salud (SCS) con respecto a la adjudicación de los Acuerdos Marco para la contratación de los servicios asistenciales de hospitalización de media estancia a pacientes derivados del SCS.
La Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias (ASDPC) señalaba que Baltar se ubicaba en una situación de “manifiesta incompatibilidad"
De forma concreta, reclamaban la suspensión o revocación “de la adjudicación de los servicios asistenciales de hospitalización de media estancia con relación a las plazas de los centros que no cumplan los requisitos de homologación y en su caso, para que se proceda a la revisión de oficio desde su inicio y en todas sus fases del expediente de contratación para la adjudicación del contrato de servicios de hospitalización de media estancia afectados de nulidad de pleno derecho por haber prescindido total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido”.
Esta asociación exponía que Baltar se ubicaba en una situación de “manifiesta incompatibilidad”. Denunciaban que “tan solo un año antes” de ser consejero desempeñaba el puesto de director de operaciones de la entidad Hospitales San Roque, así como el de director/gerente del Hospital San Roque de Las Palmas, y otros puestos directivos en varias asociaciones de clínicas privadas con intereses evidentes en el Acuerdo Marco de Contratación objeto del presentado Contencioso Administrativo”.
En la misma línea, señalaban que “el señor Baltar había dictado durante el concurso para los nuevos contratos de Acuerdo Marco la Orden de 27 de marzo de 2018 al efecto de dejar suspenso por el plazo de un año los requisitos establecidos en la Orden de 28 de noviembre de 2006, lo que favorecía a la homologación de las clínicas privadas, que como Hospitales San Roque, se habían presentado al nuevo concurso de Acuerdo Marco”.