La consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Teresa Cruz Oval, explicó el pasado martes en la sesión del Pleno del Parlamento de Canarias las medidas adoptadas por su equipo en lo que respecta a la prestación ortoprotésica, una cuestión “a la que nadie había sido capaz de dar ninguna solución durante décadas”.
De esta forma, Cruz Oval detalló, en respuesta a una pregunta parlamentaria formulada por el diputado del PSOE Marcos Francisco Hernández, las actuaciones realizadas, como el incremento de 2’4 millones de euros en el ámbito presupuestario, alcanzando los 8’6 millones en 2020 o la ampliación de la edad de financiación de los audífonos hasta los 26 años.
“Garantizar la estabilidad del sector y mejorar las prestaciones que reciben los usuarios”
La consejera puso especialmente en valor la creación de un registro público, de inscripción voluntaria para los establecimientos ortoprotésicos, que estará publicado en la web del Servicio Canario de la Salud para que los usuarios conozcan dónde pueden acudir a retirar sus sillas o prótesis financiadas. Con ello, además, “la administración pagará directamente a los profesionales”, evitando así uno de los principales problemas con los que se venían encontrando tradicionalmente las empresas suministradoras, como es el hecho de que los ortoprotésicos no eran jurídicamente acreedores de la administración sino beneficiarios indirectos de ayudas, por lo que tenían que esperar un plazo excesivo de tiempo para el cobro de sus facturas.
La Ordenque aprueba el Catálogo Ortoprotésico, “una regulación pactada con los profesionales que la han calificado, incluso a nivel nacional, como una de las más avanzadas y de mayor calidad técnica de toda España” ha supuesto “garantizar la estabilidad del sector y mejorar las prestaciones que reciben los usuarios”.