La comunidad autónoma de Cantabria y la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), en colaboración con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), han organizado las XXII Jornadas de encuentro entre profesionales de la Administración de Justicia y de la comunidad trasplantadora que celebran en Santander.
Se trata de un programa formativo que ha sido impulsado por el coordinador autonómico de trasplantes de Cantabria, Eduardo Miñambres, y el presidente del Tribunal Superior de justicia de Cantabria, José Luis López del Moral.
Este programa ha contado con la participación tanto de profesionales de Justicia como de miembros de equipos de coordinación y trasplante de las diferentes comunidades autónomas.
El objetivo que se persigue a través de esta iniciativa es estrechar lazos entre ambos grupos profesionales para que su labor sea complementaria, ya que ambos actores son clave en el liderazgo español en donación y trasplantes a nivel mundial.
A lo largo de estas jornadas (19 al 21 de febrero) se expondrán los últimos datos en materia de donación y trasplantes en España, además de detallar la evolución de las intervenciones judiciales en los procesos de donación.
De los 2.302 donantes fallecidos que se registraron en 2019, 426 pasaron por procedimientos judiciales, alrededor del 20%, un porcentaje que se mantiene estable a lo largo de los últimos años. En función del tipo de donante, se requirió la participación judicial en el 20% de los donantes en muerte encefálica, el 51% de los donantes en asistolia no controlada y el 13% de los donantes en asistolia controlada.
EL PERFIL DEL DONANTE JUDICIAL
Si hablamos de las características de los 426 donantes que requirieron autorización judicial, vemos que en su mayoría son varones (70%), con edad media de 52 años. Esta edad se sitúa por debajo de la media global de donantes de órganos que se encuentra en los 61 años, probablemente debido a sus diferentes causas de muerte.
De hecho, el traumatismo craneoencefálico no relacionado con accidentes de tráfico fue la causa de fallecimiento en el 40% de los casos y el traumatismo por accidente de tráfico en el 22%. Estos porcentajes son del 9,5% y del 4,4%, respectivamente, en el global de donantes. Los donantes judiciales permitieron realizar 1.099 trasplantes en el año 2019.
De los 2.302 donantes fallecidos que se registraron en 2019, 426 pasaron por procedimientos judiciales, alrededor del 20%
En lo que respecta a las actuaciones judiciales en estos casos, el pasado año se registraron 18 negativas judiciales a la donación, un 4%. Este bajo porcentaje de casos en los que se considera que la donación podría interferir con la investigación judicial se mantiene estable a lo largo del tiempo.
EL PAPEL DE LOS JUECES
Durante el proceso de donación, el juez interviene en aquellos supuestos en los que la muerte haya dado lugar al inicio de una investigación penal sobre las causas.
Está motivada por un accidente, un posible homicidio o un fallecimiento no certificado que requiera la realización de una autopsia. En el resto de supuestos, el juez de instrucción penal no interviene.
Su participación se inicia tras la presentación de una solicitud de autorización por parte del coordinador de trasplantes. El médico forense, adscrito a los órganos judiciales como perito, ha de determinar si la extracción de órganos puede interferir en el proceso de investigación de las causas de la muerte y elaborar un informe que permita al juez decidir si la donación puede o no entorpecer la investigación.
En lo que respecta al donante vivo, interviene el juez de primera instancia y sus acciones buscan comprobar que el consentimiento otorgado por el donante para la extracción de uno de sus órganos es voluntario y libre. El documento de cesión del órgano se otorga por este magistrado tras la comparecencia en sede judicial del donante, así como de todos los médicos que intervienen en el proceso. Todo ello refuerza la garantía y seguridad del procedimiento.