El Pleno del Parlamento de Cantabria aprobó ayer, con el voto en contra del PP, la moción del grupo parlamentario del PSOE que insta al Gobierno (PRC-PSOE) a llevar a la Fiscalía la cláusula "lesiva" del contrato de colaboración público-privada del Hospital de Valdecilla firmada por el anterior gerente, César Pascual, y que fue anulada por un juzgado.
Tal y como publica eldiario.es recogiendo una información de Europa Press, esta cláusula contractual ha supuesto dos millones de euros de perjuicio por no haber podido sancionar durante dos años a la adjudicataria del contrato, Smart Hospital (Ferrovial-SIEC), por incumplimientos.
El Gobierno no ha podido sancionar durante dos años a la adjudicataria del contrato, Smart Hospital (Ferrovial-SIEC), por incumplimientos.
Pese a no contar el apoyo del PP, el resto de la oposición si le dio el visto bueno a esta iniciativa, aunque ha sido considera como "ridículo" que el Gobierno y, en este caso el PSOE que es quien dirige la Consejería de Sanidad, "se inste a sí mismo" a hacer lo que es "su obligación".
QUÉ DICE LA MOCIÓN
La moción insta al Gobierno a continuar exigiendo a la empresa concesionaria el cumplimiento íntegro de los estándares de calidad y disponibilidad de los servicios que gestiona y también a continuar aplicando las deducciones correspondientes por el incumplimiento de los mismos.
La diputada del PSOE, Silvia Abascal, manifestó ante la Cámara que esta legislatura se han aplicado deducciones por importe de 2,2 millones, pero "no sabemos si lo hará el próximo gobierno".
Además, esta iniciativa parlamentaria también insta al Ejecutivo de Revilla a remitir a la Fiscalía la resolución del exgerente de Valdecilla, firmada el 17 de junio de 2015, con el gobierno del PP en funciones, y también el contrato realizado con la empresa cuyo informe sustenta la resolución.
PSOE vs. PP
La consejera de Sanidad, María Luisa Real, ya explicó la pasada semana que la resolución, anulada por el Juzgado de lo Contencioso nº 3 de Santander por ser "lesiva para los intereses públicos", ampliaba el plazo dado a la adjudicataria antes de activar el mecanismo de sanciones. De este modo, el Gobierno no pudo aplicarla a las deducciones de entre octubre de 2014 y octubre de 2016.
El portavoz del PP, Iñigo Fernández, indicó que el juez ha anulado la resolución "por un defecto de forma" y que "no entra en el fondo del asunto". Asimismo, Fernández ha indicado que "el juez tiene todo el expediente y no ha dicho dedúzcase testimonio penal", tal y como ha ocurrido con algunos contratos de la Consejería de Sanidad en esta legislatura.
La diputada del PSOE le respondió que la sentencia sí entra en el fondo del asunto y que la resolución se firmó sin los informes preceptivos del servicio jurídico del Servicio Cántabro de Salud (SCS).