Castilla y León: Satse pide la paralización de la amortización de 16 plazas de Enfermería

El Sindicato de Enfermería (Satse) ha solicitado a las formaciones con representación en las Cortes de Castilla y León que impidan que la Consejería de Sanidad amortice 16 plazas de enfermeros funcionarios.

Una profesional desarrolla su trabajo en el control de Enfermería (Foto. Satse)
Una profesional desarrolla su trabajo en el control de Enfermería (Foto. Satse)

El Sindicato de Enfermería (Satse) ha pedido a los partidos políticos con representación en las Cortes de Castilla y León que impidan que la Consejería de Sanidad amortice 16 plazas de enfermeros funcionarios, que no estaban incluidas en la reestructuración de Primaria, por el "perjuicio" que conlleva para estos profesionales y por el "riesgo de que, una vez más", se judicialice un proceso de provisión de plazas de Enfermería en Castilla y León.

Satse va a dirigir un escrito a los partidos políticos con representación en las Cortes regionales para explicarles el proceso que han tenido que padecer los enfermeros funcionarios que trabajan en la Sanidad de Castilla y León (Sacyl) y ante la celebración mañana de la Mesa Sectorial de Sanidad en la que se abordará este asunto y en la que se podría decidir la amortización de esas 16 plazas de enfermeros funcionarios, correspondientes a profesionales que se han jubilado en los últimos meses.

"Los enfermeros funcionarios de esta comunidad han sido especialmente perjudicados por las decisiones tomadas por Sacyl y Función Pública de la Junta de Castilla y León"

El Sindicato de Enfermería alerta de la "complicada situación" en que se ha sumido a estos enfermeros de la Gerencia Regional de Salud, empleados públicos de la Junta de Castilla y León que llevan años viendo como su derecho a una movilidad "está siendo cercenado" por la Administración y que ahora, desde Sacyl, pretenden restringir aún más mediante la amortización de las relaciones de puestos de trabajo de los enfermeros funcionarios jubilados en los últimos meses.

Satse Castilla y León considera que "los enfermeros funcionarios de esta comunidad han sido especialmente perjudicados por las decisiones tomadas por Sacyl y Función Pública de la Junta de Castilla y León". Hay enfermeros funcionarios que como consecuencia de la reestructuración de Primaria se les "arrebató" su destino definitivo y fueron asignados de forma provisional a otros puestos de trabajo, alejados en la mayoría de los casos de su residencia habitual, y hay otros enfermeros funcionarios que tras superar un proceso selectivo en el año 2006, después de numerosos periplos judiciales, fueron desnombrados y posteriormente vueltos a nombrar, pero en unas plazas diferentes, lo que en ocasiones ha supuesto desplazamientos diarios de más de 100 kilómetros por carreteras comarcales desde su domicilio habitual.

Estos funcionarios, que llevan años esperando la convocatoria de un concurso de traslados para poderse acercar finalmente a su domicilio de residencia, ahora, "de forma incomprensible y sin una razón objetiva, comprueban cómo de nuevo Sacyl pretende perjudicarles reduciendo sus opciones a optar, por fin, a una plaza en el concurso de traslados que se convoque", según Satse.

"De forma incomprensible y sin una razón objetiva, comprueban cómo de nuevo Sacyl pretende perjudicarles reduciendo sus opciones a optar, por fin, a una plaza en el concurso de traslados que se convoque"

El Sindicato de Enfermería alerta de las consecuencias de esta decisión que pretende tomar Sacyl, que "va a implicar la judicialización de la amortización de las plazas y del propio concurso de traslados, lo cual conllevará que una vez más un nuevo proceso de provisión de la categoría Enfermera en Castilla y León termine en los tribunales de Justicia, con el perjuicio que supone tanto para los trabajadores como para la imagen de esta Administración".

Por todo ello, Satse solicita a los partidos que paralicen esta decisión porque considera que Sacyl la está tomando "sin seguir unos criterios y razonamientos objetivos y que afectan tan gravemente a un colectivo de empleados públicos de Castilla y León, que ya ha sido especialmente perjudicado por esta Administración".

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