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ACUERDO PROGRAMÁTICO

Las 12 medidas sanitarias que han firmado PP y Ciudadanos en Castilla y León

El Partido Popular y Ciudadanos han llegado a un acuerdo programático en Castilla y León que recoge 12 medidas de carácter sanitario

Acuerdo entre Partido Popular y Ciudadanos en Castilla y León
Acuerdo entre Partido Popular y Ciudadanos en Castilla y León

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21.06.2019 - 13:10

El Partido Popular y Ciudadanos han llegado a un acuerdo programático en Castilla y León que recoge 100 medidas condicionadas a que en las dos próximas semanas lleguen a un acuerdo sobre la estructura del Ejecutivo, el reparto de consejerías y los nombres que las dirigirán. El documento recoge 12 medidas con carácter sanitario.

Ambos partidos se comprometen a reducir todas las listas de espera de SACYL. Para ello se realizará una auditoría y se procederá a la publicación de las listas de espera estructurales y no estructurales, tanto de intervenciones quirúrgicas, como de consultas y pruebas diagnósticas La alteración voluntaria de los datos contenidos en las listas de espera, tendrá la consideración de falta grave.

Igualmente promoverá la libre elección de hospital de modo progresivo. Durante el primer año de legislatura en centros sanitarios de la provincia, extendiéndose al final de la legislatura a todo el territorio de la Comunidad.

En los 100 primeros días de gobierno se publicarán los datos de rendimiento, actividad y gasto

Contarán con un portal de transparencia con el objetivo de mejorar la calidad en el cuidado y atención al usuario y de ofrecer la debida rendición de cuentas del sistema público de salud a la sociedad de Castilla y León. En los 100 primeros días de gobierno se publicarán los datos de rendimiento, actividad y gasto, así como los indicadores de calidad de todos los servicios hospitalarios de Castilla y León.

Además, se establecerán indicadores de calidad y de resultados en salud en todos los centros de salud y servicios hospitalarios. Estos datos se publicarán en una página web accesible a todo el público.

Ambas formaciones se han comprometido a habilitar la comparecencia anual ante la Comisión de Sanidad de las Cortes de Castilla y León de los Gerentes de Atención Primaria y de Hospital de la Gerencia Regional de Salud, con el objetivo de fomentar la transparencia en la gestión y facilitar la rendición de cuentas ante los representantes de los castellanos y leoneses.

Para reducir la eventualidad del personal sanitario se establecerá un sistema de ‘plaza vacante - plaza cubierta’ que elimine las bolsas de temporalidad del personal facultativo.

Igualmente integrarán de un modo gradual, tras evaluar las condiciones de cada zona básica de salud, al personal médico y de enfermería de Área en los Equipos de Atención Primaria, con el objetivo de lograr la plena integración de este personal en los Equipos de Atención Primaria al final de la legislatura.

Dentro del acuerdo se recoge un punto que refleja la intención de ambos partidos de aumentar de modo progresivo el gasto destinado a Atención Primaria con el objetivo de alcanzar el 20 % del total del gasto del Servicio de Salud al finalizar la legislatura.

Impulsaremos las consultas de alta resolución como método ordinario para todos los pacientes que residan más allá de 50 kilómetros del hospital de referencia.

Datarán a los Centros de Salud de los medios diagnósticos que aumenten su capacidad de resolución y de los servicios de telemedicina y de TIC precisos para mejorar su coordinación con los hospitales de referencia.

El acceso a los puestos correspondientes a mandos intermedios de la sanidad deberá realizarse en condiciones de igualdad, mérito y capacidad, eliminando la libre designación y la libre remoción. Asimismo, se establecerá un sistema objetivo de evaluación del desempeño, mediante la valoración de indicadores homogéneos de resultados, eficiencia, actividad y calidad. Esta evaluación se llevará a cabo con una periodicidad mínima de 4 años.

Finalmente estudiarán las vías de reversión de la concesión del Hospital Universitario de Burgos, siempre que no supongan un coste adicional para las arcas públicas de Castilla y León, creando para su estudio un grupo de trabajo en el que participen el Gobierno autonómico, las Cortes y la entidad concesionaria.

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