En el mes de junio de 2017, el por entonces titular de la Consejería de Salud de la Generalitat de Cataluña, Toni Comín, daba luz verde a la Ley 9/2017 que buscaba la universalización de la asistencia sanitaria en la autonomía. La normativa fue impulsada desde el departamento con el propósito de evitar el Real Decreto 16/2012 por el que el Gobierno de Mariano Rajoy limitaba la asistencia a los inmigrantes en situación irregular.
En los inicios de aquel verano Comín, un aliado clave para Carles Puigdemont en su huída conjunta de la Justicia española, prometió que en tres meses, es decir, en el mes de septiembre de 2017, estaría aceptado el reglamento de la normativa, por el que se establecería cómo se aplicaría la misma. Sin la misma, no se puede hacer efectiva ninguna Ley.
"Llevamos más de dos años de retraso desde que anunciaron la Ley"
Ahora, y según informa El Periódico, Salud ha comenzado esta misma semana a desarrollar el reglamento. En otras palabras, dos años más tarde. Así, no será hasta el mes de febrero de 2020 cuando entre en vigor la normativa que prometió el extinto Ejecutivo de Puigdemont, cesado a raíz de la aplicación del artículo 155 de la Constitución española.
A juicio de la Plataforma per una Assistència Sanitària Universal de Catalunya (Pasucat), entidad que se ha reunido con el organismo que dirige Alba Vergés, el procedimiento para la aprobación de la normativa ha sido "muy lento". "Llevamos más de dos años de retraso desde que anunciaron la Ley", han señalado al diario editado en Barcelona.
Atendiendo a detalles concretos, la Ley facilitará el acceso a la tarjeta sanitaria sin necesidad de empadronarse, un trámite legal que dificulta mucho el acceso al Sistema Nacional de Salud (SNS) de las personas inmigrantes. De igual modo, la normativa asegurará la cobertura a todas aquellas personas que se encuentren en una situación de riesgo social o sanitario.