El exconsejero de Salud catalán, Josep Maria Argimon, recibirá la citación de un juez como investigado por el caso de la paralización en 2021 de la vacunación contra la Covid-19 que debía ser suministrada a los miembros de Guardia Civil y Policía Nacional en Cataluña. Del mismo modo, según apunta EFE, el titular del juzgado de instrucción número 17 de Barcelona hará también comparecer como imputado a Marc Ramentol, por entonces secretario general del departamento de Salud y que presuntamente fue partícipe de la decisión de postergar la inmunización de los agentes de ambos cuerpos de seguridad catalanes.
Las diligencias practicadas hasta el momento en esta causa han desprendido, según el juez, “indicios” de que Argimon y Ramentol "tuvieron participación" en la decisión de paralizar el proceso de vacunación a los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil destinados en Cataluña y con edades comprendidas entre los 18 y los 60 años. Las fechas de estas citaciones están pendientes de ser fijadas.
Por su parte, se ha rechazado la citación como testigo de Alba Vergés, la consejera de Salud de aquel momento y actual vicepresidenta del Parlamento de Cataluña, al no haberle sido “atribuido por nadie participación alguna"
Por su parte, se ha rechazado la citación como testigo de Alba Vergés, la consejera de Salud de aquel momento y actual vicepresidenta del Parlamento de Cataluña, al no haberle sido “atribuido por nadie participación alguna en la toma de la decisión cuestionada". En su escrito, el juez también descara citar como testigos a distintos cargos de la época, como la Delegada del Gobierno, los jefes superiores de Policía o al general jefe de Zona de la Guardia Civil, al no disponer de "facultad decisoria ni ejecutiva" para paralizar la vacunación.
En cambio, quien sí deberá ser llamado a testificar será el por entonces teniente coronel de la Guardia Civil responsable de la vacunación en Cataluña y el coordinador del proceso en la Policía Nacional, al “poder dar información de cómo y a través de qué persona se recibió la comunicación de paralizar la vacunación a dicho colectivo", así como las circunstancias relacionadas con esta decisión y su "conducta" al respecto, desvela EFE.
El origen de esta investigación por el retraso en la vacunación de los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil en Cataluña procede de una denuncia por parte del Sindicato del Cuerpo Nacional de Policía, Justicia Policial (JUPOL) y por la Asociación de la Guardia Civil, Justicia Civil (JUCIL), en la misma consideraban la existencia de delitos de prevaricación y contra el derecho de los trabajadores.