La jueza titular del Juzgado Contencioso Administrativo número 12 de Barcelona ha citado a declarar a la joven de 24 años a la que suspendió la eutanasia al no apreciar "un padecimiento grave, crónico e imposibilitante", pese a disponer de todos los avales médicos. La citación se ha producido a petición de la Fiscalía, y tendrá lugar el próximo 4 de marzo en la Ciutat de la Justicia de Barcelona.
En un auto al que ha tenido acceso Europa Press, la jueza admite la prueba documental solicitada por el Ministerio Fiscal y pide al Instituto Médico Forense que designe a un médico especialista en psiquiatría para que determine si el consentimiento prestado por la joven "lo fue de forma libre, sin injerencia, o influenciado por su propia patología mental".
La jueza pide analizar si el padecimiento "grave, crónico, constante e imposibilitante” tiene posibilidad de mejora con un tratamiento específico
Además, pide que el forense analice si el padecimiento que sufre la joven puede calificarse como "grave, crónico, constante e imposibilitante" y si existe posibilidad de una mejora con un tratamiento adecuado.
También cita a declarar a una doctora experta en neuropsicología clínica, a una doctora especializada en lesiones medulares del Instituto Guttmann de Barcelona -que trató a la joven-, a una médico especialista en psiquiatría e investigadora del Grupo de Psiquiatría, Salud Mental y Adicciones del Hospital Vall d'Hebron y a los médicos que valoraron y aceptaron la petición de la eutanasia.
SUFRE UNA LESIÓN MEDULAR
La joven solicitó la muerte asistida tras un intento de autolisis en octubre de 2022, que le provocó una lesión medular que afecta a su movilidad.
Estaba previsto que la joven recibiera la eutanasia el 2 de agosto de 2024, pero su padre, representado legalmente por Abogados Cristianos, pidió a la jueza que decretara medidas cautelares y paralizara el proceso y aportó un vídeo para intentar demostrar que su hija puede caminar con ayuda de muletas y que puede mejorar de su lesión.
El padre también manifestó, en palabras de su abogado, José María Fernández, que "su consentimiento estaba viciado" por los problemas de salud mental que padece.