La justicia frena el impuesto a las bebidas azucaradas de Cataluña

El TSJC ha admitido a trámite un recurso de asociaciones de distribuidoras y fabricantes sobre el decreto que aprobó en 2017 la Generalitat de Cataluña sobre bebidas azucaradas envasadas.

Bebidas (Foto: Freepik)
Bebidas (Foto: Freepik)
CS
11 julio 2019 | 18:50 h
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El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha anulado este jueves el impuesto aprobado por la Generalitat a las bebidas azucaradas en 2017. Según ha informado la sección segunda de la Sala del contencioso-administrativo, esta institución ha estimado el recurso interpuesto por asociaciones de distribución, supermercados, comercios y restauración.

Tal y como recoge Europa Press, la sala considera que el Gobierno catalán ha prescindido para su aprobación “de trámites esenciales de consulta, audiencia e información públicas”. En este sentido, ha declarado nulo de pleno derecho el Decreto 73/2017, de 20 de junio, por el que se aprueba el Reglamento del impuesto sobre bebidas azucaradas envasadas.

La Generalitat de Cataluña puede aún recurrir la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC)

Varias han sido los organismos que presentaron el recurso ante la Consejería de Vicepresidencia y Economía, por entonces dirigida por Oriol Junqueras. Entre ellas destacan la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (Anged), la Asociación de Cadenas Españolas de Supermercados (Aces), la Asociación Española de Distribuidores de Autoservicios y Supermercados (Asedas) y la Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas (Fiab).

La norma fue aprobada en 2017 y contaba con ocho artículos, especificando el régimen jurídico del impuesto, el sustituto del contribuyente, la determinación de la cuota, el periodo de liquidación, las obligaciones formales de los obligados tributarios y el órgano competente para la gestión, recaudación e inspección del impuesto.

A pesar de esta sentencia del TSJC, la Generalitat de Cataluña puede recurrirla. En su momento, el Ejecutivo catalán alegaba que obedecía a las recomendaciones marcadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre la reducción del consumo de azúcar.

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