Este fin de semana se han cumplido 100 días desde que el Senado aprobara la aplicación del artículo 155 de la Constitución Española en Cataluña, a propuesta del Gobierno español. Esta medida, que suponía la suspensión de la autonomía catalana, el cese del Govern y la convocatoria de elecciones autonómicas, terminó con la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, asumiendo las competencias sanitarias de la Generalitat.
En total, han sido más de tres meses en los que el conflicto político se ha vuelto a llevar el protagonismo a costa del estado de la sanidad catalana. Y es que, mientras algunos miembros del Servicio Catalán de Salud (CatSalut) denuncian que se ha dejado de invertir en el ámbito sanitario, desde el Ejecutivo central defienden que la gestión ha sido “correcta”.
Dirigentes del CatSalut denuncian que el Gobierno central decide "qué temas entran y cuáles no"; por su parte, la ministra de Sanidad revelaba que se habían encontrado "servicios sin cobertura y subvenciones sin resolver"
Un ejemplo del primero de los casos lo ha revelado Josep Maria Argimon, subdirector del CatSalut, quien en declaraciones a TV3 ha asegurado que desde que se aplicó el 155 “se han dejado de invertir 25 millones de euros” en sanidad. De hecho, denuncia que es el Gobierno de Mariano Rajoy quien decide “qué temas entran y cuáles no”. A veces, incluso, “los vetan de manera absolutamente arbitraria, incluso los más rutinarios, sin ningún criterio político ni estratégico".
Por el contrario, miembros del Gobierno central muestran otra visión. La propia ministra de Sanidad, quien en un principio solicitó “no demonizar el 155” ya que iba a “preservar la autonomía y el autogobierno de Cataluña, que se ha cargado el gobierno de Puigdemont”.
Posteriormente, Dolors Montserratconfesaba que el Gobierno se había encontrado “contratos sin prorrogar, servicios sin cobertura y subvenciones sin resolver”, algunas pendientes de principios de 2017. Aún así, ha defendido que se ha realizado una “gestión correcta”, que “no ha habido ningún servicio público que se haya dejado de prestar” y que relación del Ministerio y los funcionarios de la sanidad catalana ha sido de “respeto institucional”.
SIN COMISIÓN DE SALUD
Mientras tanto, y motivado tanto por el impulso del procés independentista como por el bloqueo político e institucional que no despeja la posibilidad de que se forme un nuevo Gobierno en Cataluña, se han cumplido seis meses desde que se celebrara la última Comisión de Salud en el Parlament de Cataluña, reunión donde los partidos políticos proponen y aprueban medidas en el ámbito sanitario.