Extremadura carga contra el Gobierno por la suspensión de la universalidad

El Ejecutivo extremeño ha recibido la notificación del Tribunal Constitucional que suspende varios preceptos de la Ley de Medidas Extraordinarias contra la Exclusión Social. El consejero Vergeles ha culpado al Gobierno y al PP por ello.

José María Vergeles, consejero de Sanidad de Extremadura.
José María Vergeles, consejero de Sanidad de Extremadura.

La Junta de Extremadura ha informado de la notificación que ha recibido del Tribunal Constitucional(TC) con la que se anulan varios preceptos de la Ley de Medidas Extraordinarias contra la Exclusión Social. Esta normativa, impulsada por el Ejecutivo extremeño, recogía el derecho  a que el Servicio Extremeño de Salud (SES) pudiese ofertar un acceso universal de la asistencia sanitaria a todas las personas, incluyendo a extranjeros en situación administrativa irregular.

Según apuntan desde la Consejería de Sanidad, el TC ha admitido (por 7 votos frente a 5) el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno central en el mes de abril. Así, una mayoría consideran, destacan desde Extremadura, que “pueden existir personas no beneficiarias de tal derecho, por lo que deben ser excluidas de las prestaciones que las Comunidades Autónomas puedan establecer”.

José María Vergeles considera que la "apuesta del Gobierno de España por eliminar la universalidad de la sanidad nos la demostró en el Real Decreto Ley 16/2012 y sigue en su empeño"

Tras ello, el propio consejero sanitario, José María Vergeles, ha cargado directamente contra el Gobierno y el Partido Popular en su cuenta de Facebook, criticando que la “apuesta del Gobierno de España por eliminar la universalidad de la sanidad nos la demostró en el Real Decreto Ley 16/2012 y sigue en su empeño”. Así, sentencia que “esta es la sanidad del PP, una sanidad que no es universal”.

Anteriormente, la propia Consejería de Sanidad había emitido un comunicado en el que “lamenta que la sentencia considere que ofrecer sanidad pública y gratuita a los inmigrantes que no han logrado conseguir papeles suponga un choque con áreas que son responsabilidad directa del Estado”. A su favor, la Junta de Extremadura defiende que “el derecho a la salud es un derecho que conecta con la esencia de la condición humana y con la dignidad de las personas”.

SIN ALTERNATIVAS, DE MOMENTO

Hace unos meses, cuando el Gobierno central presentó el recurso de inconstitucionalidad, la Junta de Extremadura manifestó que estudiaría la manera de aprobar “normas de rango inferior”

Tras esta nueva suspensión del TC a una norma autonómica que trataba de garantizar el acceso universal a la asistencia sanitaria, aún se desconoce si la Junta de Extremadura aprobará alguna norma para que sí se pueda seguir asistiendo a extranjeros no residentes. Hace unos meses, cuando el Gobierno central presentó el recurso, esta autonomía manifestó que estudiaría la manera de aprobar “normas de rango inferior”.

Por su parte, otras CC.AA. como el País Vasco o la Comunidad Valenciana están estudiando la posibilidad de aprobar normas alternativas que permitan seguir prestando dicha asistencia de manera legal. Aún así, sus dirigentes han asegurado que asistirán a cualquier persona que lo necesite.

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