CESM rechaza la "movilidad forzosa" impuesta por el Sergas a los médicos del CHUO

El sindicato médico alerta de que la situación puede extenderse al resto de hospitales de Galicia para cubrir los déficit de los comarcales

Sede central del Sergas. (Foto. CIG)
Sede central del Sergas. (Foto. CIG)
CS
27 marzo 2019 | 09:45 h
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El vicepresidente de la Delegación de la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) en Galicia, Emilio Armada, ha expresado el ‘rotundo rechazo’ de la organización sindical a la "movilidad forzosa" que la gerencia de la EOXI pretende imponer para atender las necesidades asistenciales de los centros comarcales de Valdeorras y Verín, por tratarse de una medida que agrava la precariedad laboral, reduce la calidad asistencial, es "ilegal" y podría afectar a la mayoría de los facultativos del Complejo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO).

Emilio Armada denuncia que la propuesta de la gerencia que recoge el documento ‘Criterios de programación y prestación de asistencia sanitaria en los centros adscritos’ es "claramente ilegal", porque según el líder sindical incumple la Ley 8/2018 de Salud de Galicia al ordenar la "movilidad forzosa" de los facultativos del CHUO a los hospitales comarcales para la realización de actividades ordinarias, como son las consultas, y prestar atención continuada, como suponen las guardias.

CESM rechaza la "movilidad forzosa" que afecta a la mayoría de los médicos del CHUO porque agrava la precariedad laboral, reduce la calidad y es "ilegal"

El portavoz sindical explica, en este sentido, que la "imposición" de la gerencia contradice la ley, que establece la necesidad de que el Consejo de la Xunta apruebe un decreto que recoja el ámbito geográfico y el mapa de cada área sanitaria, por lo tanto -subraya- hasta que no se apruebe ese decreto autonómico el desplazamiento temporal forzoso de los profesionales es ilegal. 

El representante de CESM alerta de que esta situación, que ha comenzado en Ourense, puede extenderse con rapidez al resto de los hospitales de referencia de Galicia, porque "está claro que existe un importante déficit de facultativos en los centros comarcales".

Armada explica que esta "desbandada" de profesionales desde los centros comarcales a otras áreas, e incluso a la sanidad privada y al extranjero se da por la "falta de promoción, fidelización e incentivación de la Xunta, como algunas sentencias del TSJG han reconocido, al afirmar que el Sergas no ha adoptado medidas para poder cubrir los puestos vacantes o no desempeñados efectivamente".

El sindicato exige que se dote a esos centros de los recursos humanos necesarios o que de lo contrario la movilidad sea voluntaria e incentivada

CESM subraya que con los criterios y condiciones que recoge el documento de la gerencia se acentúa la precariedad laboral, ya que se obliga a los facultativos a realizar largos desplazamientos, a disponer de su vehículo particular y, además, cuando se hacen guardias localizadas a 120 kilómetros de casa deben ser consideradas como presenciales con la consiguiente libranza postguardia obligatoria, y no como una presencial en tu domicilio.

POSIBLES ACCIONES LEGALES Y MOVILIZACIONES

La central sindical, que representa a la mayoría de los facultativos, afirma que estas medidas, que modifican sustancialmente las condiciones laborales de los profesionales, exceden el margen competencial de la dirección del CHUO y deben ser tratadas con los representantes de las organizaciones sindicales en la Mesa Sectorial de Sanidad.

El vicepresidente de la Confederación en Galicia exige a la Xunta que se dote a los hospitales adscritos de los recursos humanos necesarios o, de lo contrario, que la movilidad sea voluntaria e incentivada, porque con la propuesta de la gerencia del CHUO la calidad asistencial sufriría un importante menoscabo tanto en el Hospital de Ourense como en los comarcales de Valdeorras y Verín.

CESM concluye que si la gerencia del CHUO no retira el documento en todos sus términos, no descarta emprender acciones legales y, por supuesto, recurrir a la movilización porque ‘la precariedad laboral que sufrimos los profesionales y el deterioro de la calidad asistencial al que asistimos desde hace una década son intolerables’.

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