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A FONDO

Las CC.AA. ponen a punto sus planes contra la ludopatía

La Administración asturiana ha elaborado un protocolo para el control de acceso en establecimientos de juego relacionado con el registro de prohibidos.

El Gobierno de Asturias ha sido el último ejecutivo en tomar medidas frente a la ludopatía | Foto: Pixabay
El Gobierno de Asturias ha sido el último ejecutivo en tomar medidas frente a la ludopatía | Foto: Pixabay

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21.06.2019 - 17:45

El Gobierno de Asturias ha sido el último ejecutivo en tomar medidas frente a la ludopatía. La Administración asturiana ha elaborado un protocolo para el control de acceso en establecimientos de juego relacionado con el registro de prohibidos; es decir, el listado en el que figuran aquellas personas que no pueden entrar en los locales de juego en los que existe control de acceso ni jugar a través de Internet.

Esta iniciativa persigue informar a la ciudadanía acerca de la existencia de este registro, cómo inscribirse y qué efectos produce esa inscripción. Asimismo, el protocolo facilita a las empresas operadoras de juego y apuestas la información necesaria para una adecuada obtención y gestión del registro, de modo que puedan disponer de la relación de personas autoexcluidas de forma ágil y segura.

El protocolo facilita a las empresas operadoras de juego y apuestas la información necesaria para una adecuada obtención y gestión del registro

Finalmente, está orientado a los responsables de este control en los locales presenciales de juego, con el fin de facilitarles unas pautas claras sobre qué documentación han de solicitar y cómo deben proceder para llevar a cabo su labor de manera eficaz.

El Protocolo de control de acceso a personas inscritas en el registro de interdicciones de acceso viene a complementar el elaborado en materia de menores, que ha sido un instrumento de gran utilidad tanto para los establecimientos de juego como para los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. De hecho, en las 490 inspecciones llevadas a cabo por el Grupo de Inspección y Control de Juego este año, tras la implantación de esta iniciativa, no se ha detectado la presencia ningún menor en este tipo de locales en el Principado de Asturias.

Tras la implantación de las últimas iniciativas, no se ha detectado la presencia ningún menor en este tipo de locales en el Principado de Asturias

Asturias es la primera comunidad que ha incorporado la exigencia del control previo de acceso a todos los establecimientos de juego: casino, bingos, salones de juego y locales de apuestas. Desde el pasado domingo, día 16 de junio, cualquier persona que pretenda acceder a uno de estos establecimientos habrá de identificarse previamente.

El nuevo protocolo se enmarca en las medidas previstas en el Programa de Prevención de la Ludopatía y es el resultado de la colaboración de diversas instancias y colectivos, desde la propia Administración del Principado, el Grupo de inspección de Juego, las empresas operadoras y las asociaciones de ludópatas.

LA COMUNIDAD DE MADRID, COMPROMETIDA

La Comunidad de Madrid es otra de las autonomías que se ha comprometido en la lucha contra la ludopatía, impulsando un decreto para reforzar los controles y la sostenibilidad del sector del juego en la región, especialmente en lo que refiere a los salones de juego y las salas de apuestas.

La Comunidad de Madrid establece un control de acceso físico en estos locales, tal y como sucede ya en casinos y bingos

En primer lugar, Madrid establece un control de acceso físico en estos locales, tal y como sucede ya en casinos y bingos, para que personal de los establecimientos compruebe y garantice, a su entrada, que no acceda ningún menor de edad ni personas de colectivos vulnerables.

El Gobierno regional también intensifica la exigencia para que la rotulación de estos salones de juego y salas de apuestas no oferte juegos no autorizados en los locales, y el decreto establece que las autorizaciones de funcionamiento del juego no son transferibles, salvo que sea una persona física por mortis causa. Además, se exige que los locales de apuesta solo puedan ser explotados y gestionados por las empresas autorizadas por la Administración autonómica.

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