El Gobierno de Navarra ha autorizado un gasto anual de 4.921.203,7 euros para la gestión del servicio de atención especializada a personas con trastorno mental grave, un 24% más que en 2017. En concreto, se aprueba la celebración de cuatro contratos de asistencia para la cobertura de 293 plazas para personas con enfermedad mental en centros de Pamplona, Tudela y Estella. Las plazas incluyen la atención en residencias, centros de día, pisos supervisados y centros de rehabilitación psicosocial.
Como aspectos relevantes, los nuevos contratos mejoran las condiciones laborales del conjunto de las personas trabajadoras de los centros. Asimismo, se han introducido mejoras que redundan en la calidad del servicio: incremento de personal técnico, aumento de número de horas de atención directa o aumento de la exigencia en la cualificación de los profesionales.
Además, se va a incrementar la oferta de servicios actuales, dado que habrá un piso supervisado con 4 plazas en Pamplona. Finalmente, los contratos han introducido también varias cláusulas sociales y de género, así como nuevos compromisos en materia de lucha contra el estigma y modelo de atención centrada en la persona.
Los contratos aprobados darán comienzo el 1 de mayo del 2018 o el día en que se indique en el contrato si se formaliza con posterioridad y finalizarán el 31 de octubre del 2019
El Catálogo de Servicios de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, incluye la atención residencial, así como de servicio de atención diurna y nocturna para las personas con trastorno mental grave (TMG).
Estos centros atienden las necesidades que estas personas presentan en su día a día, prestando una atención personalizada en las diferentes etapas por las que pueda evolucionar su situación, con el fin de asegurarles la máxima calidad de vida y la continuidad de atención que necesitan.
Los contratos aprobados darán comienzo el 1 de mayo del 2018 o el día en que se indique en el contrato si se formaliza con posterioridad y finalizarán el 31 de octubre del 2019, con la posibilidad de prórrogas hasta una duración máxima de 4 años.