Crisis opiáceos: Johnson & Johnson y distribuidoras médicas pagarán 590 millones a nativos de EE.UU.

Johnson & Johnson desembolsará 150 millones de dólares en los próximos dos años, mientras que AmerisourceBergen, McKesson y Cardinal Health pagarán más de 439,9 millones de dólares durante siete años

Sede de Johnson & Johnson
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Salud35
2 febrero 2022 | 16:00 h

La farmacéutica Johnson & Johnson y tres distribuidoras de medicamentos han llegado a un acuerdo con tribus nativas estadounidenses para pagar 590 millones de dólares (521,6 millones de euros) para poner fin a la demanda presentada contra las compañías en relación con la crisis de los opiáceos.

Concretamente, la compañía Johnson & Johnson desembolsará 150 millones de dólares (132,6 millones de euros) en los próximos dos años, mientras que AmerisourceBergen, McKesson y Cardinal Health pagarán más de 439,9 millones de dólares (388,14 millones de euros) durante siete años, según el acuerdo alcanzado en un tribunal de Cleveland y al que ha tenido acceso el diario The Wall Street Journal.

El pasado mes de julio, las cuatro compañías ya aceptaron pagar unos 26.000 millones de dólares (22.988,89 millones de euros) en compensaciones por su supuesto papel en la crisis de los opioides en el marco de una demanda impulsada por varios estados y ciudades del país.

Johnson & Johnson desembolsará 150 millones de dólares en los próximos dos años, mientras que AmerisourceBergen, McKesson y Cardinal Health pagarán más de 439,9 millones de dólares durante siete años

"Johnson & Johnson, McKesson, Cardinal Health y Amerisource Bergen no sólo prendieron la mecha, sino que alimentaron el fuego de las adicciones a los opioides durante más de dos décadas", dijo entonces la fiscal de Nueva York, Letitia James, uno de los estados demandantes.

Los gobiernos estatales, locales y tribales han presentado más de 3.300 demandas que buscan responsabilizar a esas y otras compañías por una epidemia de abuso de opiáceos que provocó cientos de miles de muertes por sobredosis en las últimas dos décadas.

Las demandas acusan a los distribuidores de controles laxos que permitieron que los analgésicos adictivos se desviaran hacia canales ilegales, y a los fabricantes de medicamentos, incluido J&J, de minimizar el riesgo de adicción en su comercialización de opiáceos.

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