El gobierno de Estados Unidos ha presentado una demanda acusando a AmerisourceBergen Corp, uno de los distribuidores de medicamentos más grandes del país, de colaborar en la epidemia mortal conocida como la crisis de los opioides.
Entre las razones que apuntan en la denuncia presentada al tribunal federal de Filadelfia, resaltan que habían violado repetidamente su obligación legal de abordar pedidossospechosos de clientes y de alertar a la Administración Federal de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) sobre señales de alerta de comportamiento sospechoso.
Tal y como recoge la agencia Reuters, el Gobierno de Estados Unidos informa que desde 2014 la distribuidora había modificado intencionalmente la forma en que una de sus unidades monitoreando los pedidos, reduciendo así el número que se sometió a escrutinio interno.“Durante años, AmerisourceBergen priorizó las ganancias sobre sus obligaciones legales y sobre el bienestar de los estadounidenses”, señaló la fiscal general adjunta Vanita Gupta.
Esta última demanda sigue el acuerdo de 2021 de pagar hasta 6.4 mil millones de dólares para resolver miles de demandas que lo acusaban a él y a otros distribuidores de medicamentos
En contraposición, AmerisourceBergen alega que la denuncia seleccionó cinco farmacias a las que enviaba medicamentos de las decenas de miles con las que trabaja, y que de esas, puso fin a sus relaciones con cuatrode ellas antes de que la DEA tomara medidas coercitivas.
Los opioides, incluidos los analgésicos recetados y los narcóticos ilegales, han contribuido a más de 564.000 muertes por sobredosis entre 1999 y 2020, incluidas más de 68 000 solo en 2020, según datos del gobierno de EE. UU. Esta última demanda sigue el acuerdo de AmerisourceBergen en 2021 de pagar hasta 6.4 mil millones de dólares (5.988.584.448 euros) para resolver miles de demandas que lo acusaban a él y a otros distribuidores de medicamentos, una cifra que forma parte del cómputo global de 26 mil millones de dólares (24.328.624.128 euros) que resolvió más de 3.000 demandas de los gobiernos estatales y locales contra Cardinal Health Inc, McKesson Corp y el fabricante de medicamentos Johnson & Johnson.