La farmacéutica estadounidense Purdue Pharma, fabricante del fármaco altamente adictivo OxyContin, se ha declarado culpable formalmente este martes de varios delitos relacionados con su responsabilidad en la crisis de los opiáceos como parte de un acuerdo multimillonario con el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Según recoge Reuters, en una videoconferencia dirigida por la jueza federal Madeline Cox Arleo del distrito de Nueva Jersey, el presidente de la junta directiva de Purdue Pharma, Steve Miller, admitió culpabilidad en tres cargos de conspiración: dos para violar la Ley Federal Anti-Sobornos y otro para defraudar a Estados Unidos e infringir la legislación de fármacos.
Purdue reconoció no haber mantenido un programa eficaz para prevenir que los medicamentos por prescripción fuesen desviados al mercado negro, aunque también le dijo a la DEA que tenía un programa así, y que le proveyó información engañosa a la agencia para estimular las cuotas de manufactura de la compañía.
La compañía admitió haber pagado a médicos a través de un programa de voceros para alentarles a escribir más prescripciones para sus analgésicos
Además, la compañía admitió haber pagado a médicos a través de un programa de voceros para alentarles a escribir más prescripciones para sus analgésicos.
La compañía llegó a un acuerdo con el Departamento de Justicia estadounidense el mes pasado. Dicho acuerdo incluye penalizaciones y decomisos por un total de 8.300 millones de dólares (6975,8 euros), pero la compañía es responsable por un pago directo al gobierno federal por apenas una fracción de esa suma, de 225 millones de dólares (189,1 euros). Pagará esa cantidad menor siempre y cuando ejecute un acuerdo en proceso en una corte federal con gobiernos estatales y locales y otras entidades que la han demandado por el saldo de la epidemia de opiáceos.
Miembros de la familia Sackler, dueña de la compañía, también aceptaron pagarle 225 millones de dólares al gobierno federal para saldar demandas civiles. Por el momento, no se han presentado cargos penales contra miembros de la familia, aunque su acuerdo deja las puertas abiertas para ello en el futuro.