“La aprobación de un baremo sanitario viene siendo reclamada por el sector desde hace años”, ha afirmado Raquel Murillo, directora general adjunta y directora de RCP de A.M.A., la mutua de los profesionales sanitarios, en el debate inaugural del XXVI Congreso de Derecho Sanitario que se celebra en Madrid. En un salón de actos repleto, añadió que “un baremo sanitario específico tendría muchas ventajas, entre otras, aumentaría la seguridad de los profesionales y reduciría la medicina ‘defensiva’ y la litigiosidad en el sector”.
Murillo ha dirigido y moderado con total éxito un taller de más de dos horas de debate sobre el Proyecto de Baremo de Daños Sanitarios, en el que también han participado el presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos, Serafín Romero; los magistrados César Tolosa y José Carlos López; y el subdirector general del Ministerio de Sanidad, Ángel Luis Guirao.
La directora general adjunta y directora de RCP de A.M.A. ha indicado que en el sector, “hasta la fecha se ha aplicado, de modo orientativo, el baremo de tráfico que ha tenido un efecto positivo, pero que no resuelve de forma completa los problemas que se presentan en al ámbito de la responsabilidad civil sanitaria”.
También ha explicado que “el daño sanitario presenta características que lo diferencian del daño corporal derivado de accidentes de tráfico. Cuestiones como el estado previo del paciente o la existencia de determinadas secuelas específicas justifican por sí mismas la necesidad de un baremo específico de daño sanitario”.
En relación con la oportunidad de aprobar ese nuevo sistema de valoración, Murillo entiende que “no ha existido hasta ahora el necesario consenso político y que sin duda su aprobación contribuiría a mejorar la situación y garantizar la sostenibilidad del sistema sanitario”.
CONSENSO SOBRE LA NECESIDAD DE UN BAREMO SANITARIO VINCULANTE
Los cuatro ponentes que participaron en el taller inaugural del XXVI Congreso de Derecho Sanitario coincidieron en la necesidad de contar con un baremo específico que ayude a cuantificar las indemnizaciones derivadas de los daños producidos por actos sanitarios.
Romero aseguró que la falta del baremo sanitario está teniendo graves consecuencias sobre la propia seguridad de los pacientes y para el propio sistema sanitario, como el aumento de la práctica de la medicina defensiva. Según recordó, una encuesta de la OMC entre profesionales médicos puso de manifiesto que “el 90% de los consultados considera que viene realizándose medicina defensiva y más del 60% cree que se alargan de forma innecesaria los tiempos de estancia de los pacientes diagnosticados por prevención ante posibles problemas legales”.
Asimismo, recordó, además, que se está produciendo un “endurecimiento del mercado asegurador, con compañías nacionales que abandonan a los profesionales sanitarios por la complejidad de la responsabilidad civil y la incertidumbre que genera la falta de un baremo. Menos mal que A.M.A. siempre ha estado con nosotros”.
En este sentido, Tolosa indicó que actualmente existe “falta de seguridad. En 2007 ya se dijo que el sistema de cuantificación de las indemnizaciones mostraba una preocupante anarquía, y a día de hoy, se sigue produciendo una enorme heterogeneidad en las decisiones judiciales, porque la fijación de las indemnizaciones está sometida a un alto grado de subjetividad judicial”.
De hecho, Tolosa consideró que el hecho de que no exista un baremo específico “tiene efectos adversos, como compensación inadecuada, falta de predecibilidad y un importante incremento de la litigiosidad”.
Por su parte, el magistrado del Gabinete Técnico de la Sala 1ª del Tribunal Supremo apuntó que “la especificidad del daño sanitario justifica por sí misma un baremo”. Si bien, debería completarse “con una regulación integral de la responsabilidad civil sanitaria”.
Para terminar, el subdirector general de Recursos Humanos, Alta Inspección y Cohesión del Sistema Nacional de Salud del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social declaró que desde enero de 2018 el Ministerio lleva trabajando en un proyecto de Ley para la creación de un baremo sanitario.
“El anteproyecto está finalizado y solo hay discrepancia en dos artículos. Las tablas de valoración están terminadas a falta de que la comunidad científica las valide”, señaló Guirao, quien concluyó que “para su tramitación y publicación se requiere un Gobierno firme. No puede llevarse a cabo con un Ejecutivo en funciones y con las Cortes disueltas”.