La Audiencia Nacional está investigando a la multinacional norteamericana Johnson & Johnson por haber comercializado prótesis de cadera defectuosas que llegaron a implantarse en pacientes en decenas de países, entre ellos España, y que le han costado a la firma, solo en Estados Unidos unos 120 millones de dólares (106,5 millones de euros) en indemnizaciones.
Precisamente, las prótesis se distribuyeron en 70 centros repartidos por casi todas las comunidades autónomas españolas y se implantaron al menos a 3.000 personas hasta 2010, cuando la empresa las retiró del mercado español, según la documentación a la que ha tenido acceso El País.
La empresa habría vendido alrededor de 93.000 prótesis ASR en todo el mundo
Un año antes, la Agencia del Medicamento de Estados Unidos (FDA por sus siglas en inglés) ya había ordenado dejar de comercializar este producto en su país. La empresa ha vendido alrededor de 93.000 prótesis ASR en todo el mundo.
Las actuaciones del juzgado central nacen de una querella criminal que un grupo de 63 afectados presentó hace dos años. El juez ya ha llamado a declarar a tres expresidentes y a un representante legal de Johnson & Johnson en España. Todos ellos se han acogido al derecho de no declarar.
Por su parte, los pacientes, representados por el abogado Emilio Ortiz, defienden que había defectos de fabricación en las prótesis que llevaron a provocarles daños irreversibles tras la retirada de la misma. Al parecer, la compañía sabía desde antes de 2010 que las prótesis del modelo ASR XL podían causar daño a las personas.