OPINIÓN EXPERTA

Sanidad, responsable legal de la filtración de los datos del MIR

Con el objetivo de conocer las posibles consecuencias legales de la publicación anticipada de resultados de formación sanitaria especializada, ConSalud.es ha charlado con Adrián Carriedo, abogado de Lex Abogacia, despacho especialista en Derecho Sanitario

Será el próximo 3 de abril cuando se anunciarán, de forma oficial, las relaciones definitivas de resultados de formación sanitaria especializada
Será el próximo 3 de abril cuando se anunciarán, de forma oficial, las relaciones definitivas de resultados de formación sanitaria especializada

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07.03.2018 - 00:00

El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha asegurado este lunes que se procederá, en las próximas horas, a la apertura de una investigación para esclarecer cómo y por qué se han filtrado los resultados provisionales de las pruebas de formación sanitaria especializada (FSE) horas antes de lo previsto.

La institución ministerial que dirige Dolors Montserrat tenía establecido hacer públicas las calificaciones provisionales durante la jornada de este martes, 6 de marzo. Si bien, no será hasta el próximo 3 de abril cuando se anunciarán, de forma oficial, las relaciones definitivas de resultados.

"La publicación o el uso de esta información por personas que no están autorizadas para ello, y en los tiempos que no corresponden, sí que puede suponer una infracción de la Ley Orgánica de Protección de Datos"

Con el objetivo de conocer las posibles consecuencias legales de esta filtración de documentos, ConSalud.es ha charlado con Adrián Carriedo, abogado de Lex Abogacia, despacho especialista en Derecho Sanitario. Tal y como explica el jurista, "la publicación o el uso de esta información por personas que no están autorizadas para ello, y en los tiempos que no corresponden, sí que puede suponer una infracción de la Ley Orgánica de Protección de Datos".

"Además, hay que ver quién ha filtrado esta información. Se puede incurrir en ciertas infracciones administrativas o incluso en casos de filtraciones muy graves", advierte Carriedo. El propio especialista en Derecho de la Circulación y Derecho Sanitario afirma que "el Código Penal recoge tipos agravados de filtración de información en función del cargo público que se ejerza".

Cuestionado por sobre quién recae la responsabilidad última de la filtración, el abogado apunta a Sanidad. "Es la institución que tiene la mayor parte de responsabilidad por ser quien resguarda los datos y quien, posteriormente, debe publicarlos a través del boletín oficial correspondiente", sentencia.

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