Organizar la convocatoria de Formación Sanitaria Especializada (FSE) le ha costado este año al Ministerio de Sanidad, según datos públicos, más de medio millón de euros. Ese es el precio (concretamente, 566.866,85 euros) que han pagado por los tres contratos externos que se adjudican cada año para llevar a cabo todo el aparato logístico: gestionar las solicitudes y corregir los exámenes; producir las cuestionarios de examen y las hojas de respuesta; y recoger, transportar, custodiar, entregar y destruir dichos cuestionarios y el resto del material utilizado por los aspirantes durante la celebración de la prueba.
Como ya indicamos en un artículo anterior, la primera de las tareas es la única que va a ser realizada por la misma empresa que lo hizo el año pasado: ODEC Centro de Cálculo y Aplicaciones Informáticas, que ha vuelto a conseguir la adjudicación del contrato y percibirá 225.500 euros. La segunda, la más barata de todas (55.985), será misión de Impaor en 2025, mientras que la tercera ha sido asignada a Prosegur a razón de 217.800 euros. Lógicamente, este no es el único desembolso que se ha de realizar; también hay otros muchos procesos, ya internos, que debe afrontar Sanidad para garantizar que todo sale bien, como pagar a los expertos que se encargan de elaborar las preguntas del examen.
Pero, a falta de solo un día para la celebración del examen, la tarea que lleva a cabo Prosegur es la más reciente. Tanto, que el servicio de recogida, transporte, custodia y entrega de los cuestionarios ya está hecho, y los exámenes esperan en las distintas sedes, guardados en cajas precintadas, a que sean las 16h. del sábado 25 de enero para ver la luz y comenzar a ser respondidos por los aspirantes. Todo ello, por supuesto, siempre bajo una extrema confidencialidad.
"La empresa adjudicataria tiene la obligación de someterse a la normativa nacional y de la Unión Europea en materia de protección de datos"
“Como es obvio, la confidencialidad es un requisito extremadamente importante en esta licitación, ya que la empresa adjudicataria tiene la obligación de someterse a la normativa nacional y de la Unión Europea en materia de protección de datos, así como a realizar una declaración responsable sobre la ubicación de los servidores y el lugar desde donde se prestarán los servicios asociados a los mismos”, explica a ConSalud.es Policarpo Ledesma, director general comercial en Iberia de Prosegur Cash.
Con él nos hemos puesto en contacto para conocer cómo es el protocolo que les exige Sanidad para garantizar que los exámenes llegan correctamente a su destino, una labor que el año pasado hizo Loomis por 31.000 euros más. Lógicamente, el requisito de la confidencialidad impide profundizar demasiado en el proceso, pero sí hacerse una idea aproximada de los pasos que han de seguir. “El protocolo de recogida, custodia y entrega de los exámenes asegura su seguridad y confidencialidad en todo momento”, insiste el director general comercial.
Así, informa, 20 días antes de la celebración de la prueba, es decir, el 5 de enero, les son entregadas las bolsas de seguridad y el material auxiliar de la prueba. Después, durante las dos semanas previas, recogen los paquetes precintados con los cuestionarios del examen, que custodian “informando al órgano de contratación -en este caso, el Ministerio de Sanidad- sobre cuáles son los protocolos de custodia”. Allí permanecen hasta que, a 48 horas de que dé inicio el examen, lo entregan en los centros en los que se va a celebrar.
"Dos responsables de Prosegur han de firmar y entregar a Sanidad los certificados de destrucción de manera inmediata por correo electrónico
Una vez que ha terminado, llega la última de sus tareas. Recogen de nuevo las bolsas precintadas y entregan las hojas de respuesta a la empresa adjudicataria del contrato de grabación y captura -ODEC- y al Ministerio de Sanidad. Por otro lado, indica Ledesma, se lleva a cabo el proceso de destrucción de los exámenes “de acuerdo con la normativa de protección de datos personales”, después de recoger los cuestionarios y las hojas de respuesta tras la finalización de la prueba. Dos responsables de Prosegur han de firmar y entregar a Sanidad los certificados de destrucción “de manera inmediata” por correo electrónico.
CLÁUSULAS PROPIAS DEL MINISTERIO DE SANIDAD
Como es habitual en este tipo de procesos, más allá de las labores específicas que ha de desempeñar cada una de las empresas adjudicatarias, el Ministerio de Sanidad también traslada algunas pautas adicionales de acuerdo a la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) para poder formalizar el contrato. Son, entre otras, la solvencia técnica, económica y financiera. En el caso de Prosegur, hablamos de la tercera compañía mundial en el sector de la seguridad privada, y de la primera empresa española de seguridad que cotiza en bolsa.
Gracias a ellos, las 32.212 personas que han sido admitidas a la convocatoria de Formación Sanitaria Especializada de 2025 podrán disponer del examen de 200 preguntas -más diez de reserva- que les convertirá, si todo va bien y obtienen una buena nota, en residentes dentro de unos meses. Son aspirantes que proceden de las titulaciones de Medicina (MIR), Enfermería (EIR), Psicología (PIR), Farmacia (FIR), Biología (BIR), Química (QIR) y Física (RFIR).