La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha anunciado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que, finalmente, han autorizado a la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface), a publicar la tan esperada nueva licitación para el periodo de 2025-2027. Esta nueva oferta, que llega después de que ”las aseguradoras dejarán desierta la primera convocatoria”, cuenta con un incremento de las primas del 33,5%, lo que supone, según ha trasladado Alegría, “un concierto de 4.478 millones de euros, para estos próximos tres años, lo que se traduce en 957 millones más que el actual”.
“Con esta licitación el Gobierno cumple con su compromiso de lanzarla antes de que finalice el año y, además, quiero trasladar un mensaje de tranquilidad a los mutualistas, porque van a tener garantizada su asistencia sanitaria con las mismas condiciones hasta que se ese contrato se resuelva”, ha señalado la portavoz del Gobierno.
"Se trata de un concierto de 4.478 millones de euros, para estos próximos tres años, lo que e traduce en 957 millones más que el actual”
Esta nueva licitación llega tras un largo camino de negociaciones con las aseguradoras, hasta el punto de que, desde el Gobierno, lanzaron una serie de consultas preliminares para conocer a qué precio estarían dispuestas las compañías a acudir al concierto. Con este proceso, que constituye un trámite directamente relacionado con la transparencia, se consigue dotar de más elementos de juicio a la evaluación del mercado para las cifras de todo contrato público. De las respuestas de los participantes, analizadas en el informe final, el órgano de contratación ha valorado favorablemente la propuesta de incremento de primas por tramos de edad al entenderse que parece adecuarse más a la realidad actual del mutualismo.
Sin embargo, también recalcaron que “habría sido deseable obtener una mayor información de los costes que justifican el incremento de la prima por parte de los operadores, si bien analizando las informaciones se deduce que la mayor parte del gasto es coste directo, donde se incluye la prestación asistencial propiamente dicha”. Ahora, el turno es de las compañías aseguradoras, que deberán sopesar si les sale rentable y si están de acuerdo con este aumento del 33,5% y, en el caso de que sí, aceptar las condiciones del Gobierno.