La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) ha mostrado recientemente su “preocupación” ante la posibilidad de que los próximos Presupuestos Generales del Estado (PGE), previstos para 2021, incluyan una subida del IVA al 21% a algunas actividades de la sanidad privada, tal y avanzó La Información la pasada semana.
A través de un comunicado, el organismo que dirige Antonio Garamendi, ha compartido esta inquietud ante la posibilidad de que se “acabe con la exención del IVA aplicable en la actualidad a servicios de atención hospitalaria y educativos cuando se presten por una entidad privada”. Entre otros motivos, entienden que la posible medida. no confirmada por el Gobierno central, “atenta contra el derecho fundamental a la libertad de elección de los ciudadanos”.
Los empresarios afirman que esta posible medida “tendría escasa eficacia recaudatoria, ya que incidiría muy negativamente en la demanda de servicios de sanidad por parte de los consumidores"
Desde los empresarios consideran que si se aplicara esta acción “tendría escasa eficacia recaudatoria, ya que incidiría muy negativamente en la demanda de servicios de sanidad y educación privados por parte de los consumidores, más aún en un entorno de recesión económica como el actual”. Además, auguran que “llevaría a una segura destrucción de empresas y empleo” y a “un efecto económico contrario al deseado”.
Para ello ponen de ejemplo el informe ‘Evaluación del Gasto Público 2019’, publicado en julio por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que en su apartado relativo a exenciones de sanidad y educación se refieren a este asunto. Sobre él, precisan que “el incremento de recaudación derivado de eliminar la exención de IVA sería inferior al coste para el sector público de la necesidad de prestar esos mismos servicios a aquellos individuos que abandonasen el sistema privado a raíz de esta modificación”.
Por otra parte, la CEOE considera que “hay razones para rechazar este cambio fiscal, ya que dificulta la participación del ámbito privado en estos sectores, que está demostrado que permite mejoras en coste, calidad y eficiencia”. Por último, subrayan que “ambas exenciones, de carácter social y que tienen el objetivo de abaratar el acceso de la ciudadanía a servicios esenciales, se encuentran generalizadas en los países de la UE, sin excepciones en sanidad y con muy escasas excepciones en educación”.