La virulencia con la que la que el SARS-CoV-2 golpeó de forma repentina nuestro sistema sanitario durante la primera ola de la pandemia obligó al Gobierno a poner a disposición de las comunidades autónomas todos los recursos (humanos y materiales) de la sanidad privada para hacer frente a la crisis sanitaria. Más de un año después de la toma de dicha decisión y después de haber mostrado su total apoyo y disponibilidad en la lucha contra el virus, la sanidad privada continúa en muchas comunidades autónomas a la espera de la compensación por los servicios prestados.
De acuerdo a la información publicada por Vozpópuli, son ya cinco las comunidades autónomas en las que la sanidad privada ha recurrido a la vía judicial para recibir el pago correspondiente bien sea por la utilización de sus recursos para afrontar la crisis sanitaria o por su disposición. La primera en dar el paso fue la patronal de la sanidad privada gallega solicitando 16 millones de euros como compensación por los daños económicos generados a través de esta situación.
A Galicia se han sumado la Comunidad Valenciana, Castilla y León, Andalucía y Murcia. Actualmente la sanidad privada de estas regiones se encuentra reuniendo todo el material probatorio de la ayuda prestada que les permita cuantificar los daños y poder iniciar la reclamación administrativa de los mismos. Este último punto resulta de vital importancia ya que es el paso previo obligatorio antes de interponer una demanda a las administraciones públicas tal y como señalan en la citada cabecera. Desde ese momento las Consejerías del ramo de las distintas comunidades autónomas cuentan con un plazo no superior a seis meses para estimar o desestimar la reclamación.
El decreto por el que la sanidad pública asumía el mando único el 31 de marzo de 2020 obligó a decenas de hospitales privados de todo el país a permanecer abiertos sin que sus trabajadores pudiesen acogerse a ERTE. Una complicada situación a la que debemos sumar que, debido a la crisis sanitaria, el Ministerio de Sanidad prohibía toda la actividad sanitaria programada que no fuera de carácter urgente. Con esta medida la actividad de los centros hospitalarios privados se reducía más del 80%. Mediante esta decisión todas las consultas de especialistas que no hubiesen recibido la denominación de urgencia quedaron suspendidas. Para comprender mejor la realidad en la que se tradujo este movimiento podemos ver el caso de Galicia. En la Comunidad Autónoma hubo centros que contaron durante meses con una ocupación del 20% manteniendo todos los gastos fijos habituales.
Son ya cinco las comunidades autónomas en las que la sanidad privada ha recurrido a la vía judicial para recibir el pago correspondiente bien sea por la utilización de sus recursos para afrontar la crisis sanitaria o por su disposición
La gran mayoría de las empresas del sector han presentado reclamaciones administrativas ante la Consejería de Sanidad de la Región de Murcia. Debido a la complicada situación política que se vive en la autonomía estas reclamaciones se han visto paralizadas. En el caso de la privada de Castilla y León las reclamaciones presentadas se centran en los pacientes que fueron derivados durante la primera ola además de por la puesta a disposición de todos sus recursos. En el caso de Castilla y León la Consejería de Sanidad si ha establecido una serie de acuerdos de colaboración con grupos hospitalarios a partir de la segunda ola.
Las conversaciones que se han mantenido en Andalucía parecían pronosticar un futuro diferente para la privada en la región, pero no se ha producido ningún tipo de avance. Motivo por el que la sanidad privada ha presentado reclamaciones para el pago de la puesta a disposición de todos sus recursos durante la primera ola de la pandemia.
En el extremo contrario se encuentra la sanidad privada en la Comunidad de Madrid, Cataluña, Canarias, Navarra y Baleares. En estas comunidades autónomas ha sido posible alcanzar acuerdos para el pago a la sanidad privada por la puesta a disposición durante la primera ola de sus recursos
Un caso especial es la Comunidad Valenciana. La Consejería de Salud Pública y Sanidad Universal dirigida por Ana Barceló, estableció de forma unilateral el precio por ingreso y atención a pacientes Covid. Unas cantidades que los hospitales privados consideran insuficiente de acuerdo a la Ley de Tasas 20/2017 de 28 de diciembre de la Generalitat. Es por esto que varios grupos hospitalarios han presentado un escrito conjunto de reclamación ante la Consejería.
Una situación similar a las expuestas se vive en País Vasco, aunque la privada no ha presentado por el momento reclamación administrativa. En la región las gestiones que se han desarrollado hasta el momento no han derivado en acuerdos satisfactorios, aunque sí se han resuelto de forma positiva determinados convenios sanitarios.
En el extremo contrario se encuentra la sanidad privada en la Comunidad de Madrid, Cataluña, Canarias, Navarra y Baleares. En estas comunidades autónomas ha sido posible alcanzar acuerdos para el pago a la sanidad privada por la puesta a disposición durante la primera ola de sus recursos.
La situación generada por el decreto del Gobierno se ha traducido, de acuerdo a estimaciones de la sanidad privada, en la inviabilidad e insostenibilidad económica de unos 3.000 centros de pequeño tamaño. La estimación realizada apunta a la necesidad de pago de alrededor de 9.000 millones de euros para cubrir los costes sanitarios derivados por la prestación de servicios a los pacientes Covid y no Covid, así como por la compensación de la total disposición de forma forzosa de todos sus recursos materiales.