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ENTREVISTA CONSALUD.ES

“Los enfermos por amianto mueren, y aquí seguimos debatiendo si se crea el fondo de ayudas”

Juan Carlos Paul, presidente de la Federación de Asociaciones de Víctimas del Amianto (Avida).

Juan Carlos Paul, presidente de la Federación de Asociaciones de Víctimas del Amianto (Avida).
Juan Carlos Paul, presidente de la Federación de Asociaciones de Víctimas del Amianto (Avida).

time 6 min

02.12.2018 - 00:00

Muchas personas han fallecido en España por una enfermedad derivada de haber estado en contacto con amianto. Algunas sabían la causa y otras no. Es por ello que se desconoce el número exacto de víctimas y la cifra de enfermos que pueden estar afectados en la actualidad. Pese a ello, sindicatos de trabajadores y asociaciones reclaman a los partidos políticos que impulsen la creación del Fondo Estatal de Indemnización a la Víctimas del Amianto. En declaraciones a ConSalud.es, el presidente de la Federación de Asociaciones de Víctimas del Amianto (Avida), Juan Carlos Paul, ha detallado los pasos que está dando la tramitación de la ley y cómo España va con retraso con respecto a otros países europeos.

¿Creen que será posible a corto o medio plazo la creación del fondo?

Andamos un poco apurados de tiempos. En primer lugar porque llega muy tarde: en el Reino Unido, el fondo se aprobó a finales de los 80; en Francia, en 2001; en Bélgica, en 2006. En España estamos en 2018 y aún estamos debatiendo si se crea o no. Mientras, se están perdiendo muchas vidas, muchos enfermos están falleciendo sin recibir la ayuda necesaria. Al final son víctimas de una acción empresarial y de una mala planificación del Gobierno a la hora de preservar la salud de los trabajadores.

 "Los enfermos por amianto son víctimas de una acción empresarial y de una mala planificación del Gobierno"

También estamos muy preocupados porque su aprobación o no depende de la estabilidad del Gobierno. Si se celebraran unas elecciones anticipadas y la tramitación de la ley no se completara habría que reiniciar otra vez todo el procedimiento.

En el mejor de los casos, ¿cuándo podría estar el fondo creado?

Si todo fuera bien y hubiera consenso entre partidos políticos, sindicatos mayoritarios (UGT y CC.OO.) y las federaciones de asociaciones, la tramitación finalizaría en 2019. Pero la ley indica que entraría en vigor con los presupuestos siguientes; 2020. Si todo va perfecto, hasta 2020 no tendríamos aprobado el fondo de indemnización. Nos hemos reunido con todos los representantes políticos y todos están a favor de votar a favor de este acuerdo. Está llegando muy tarde pero valoramos positivamente que los partidos políticos hayan tomado la decisión de ponerse del lado de los trabajadores.

¿Qué enmiendas de la ley están generando más debate entre los partidos políticos?

Por una parte la financiación. Al final ha habido consenso entre todos los partidos de cómo conseguirla. Una parte vendría de los Presupuestos Generales del Estado y otra del Fondo de Contingencia que dotan todas las empresas para atender los casos de incumplimiento de medidas de seguridad. No va a tocar el sistema de pensiones, que estaba siendo un escollo, tampoco las empresas van a pagar doblemente por algo.

Pancarta Amianto

Sobre las personas que pueden acogerse al fondo, se ha acordado que los trabajadores que han tenido contacto puedan hacerlo, también aquellos que no pueden identificar exactamente el lugar en el que estuvieron expuestos y los enfermos ambientales (personas que viven cerca de una fábrica o vertedero en el que hay uralita).

Otra parte, que hemos incluido los sindicatos, es que exista una comisión de seguimiento en el que estuviera la administración, la comunidad científica, sindicatos y asociaciones de víctimas. Los fondos internacionales tienen comisión de seguimiento. Es importante estar ahí, incorporar nuevas patologías y saber de primera mano a cuanta gente se está atendiendo y de qué manera.

¿Por qué cree que en España se está tardando tanto en comparación con otros países?

Al final tienes que pensar mal. El mayor importador de amianto en España ha pertenecido a grupos muy fuertes de control político y económico. Creo que esto ha hecho que se retrasara y que ningún gobierno haya querido afrontar este tema, aún sabiendo el daño que se estaba produciendo. También se ha debido al desconocimiento: nunca se ha sabido cuantificar. Lamentablemente, en España no existe un registro único en el que se detallen las personas y las enfermedades que se están produciendo. Eso supone un desconcierto para los gobernantes.

"Una de las tragedias del amianto es que va a seguir dejando muertos y enfermos pero éstos no van a saber que lo están"

El Gobierno está actuando gracias a la presión social que estamos ejerciendo. Además, es un ahorro de costes ya que estamos cargando los juzgados de procedimientos. Ha habido mucho miedo a afrontar este tema. Es reconocido en toda Europa, pero siempre España, por esos lobbies de poder, ha faltado concretarlo.

Además, aquí está prohibida la venta desde hace años, ¿no?

En España se prohibió el amianto en 2001 y entró en vigor en 2002, con mucho retraso con respecto a Europa, y fue por una directiva europea que obligaba a los estados miembros a prohibir el uso del amianto. No obstante, en aquel caso incluso el Estado dijo que todos los materiales que estuvieran ya construidos y que contenían amianto se podían vender. Deja una idea de lo que se está pensando. Es decir, si lo prohibimos porque es cancerígeno, ¿cómo dejas que se venda lo que esté construido? Era para no dañar a las empresas del sector, que en ese momento se estaban lucrando porque existían materiales alternativos, pero esto les reportaba más beneficio. Siempre se ha estado al lado de las empresas en vez de estar al lado de los trabajadores.

Manifestación Amianto

En España, ¿se piensa también en crear algún tipo de registro?

Es algo que se pide pero en la ley no viene regulado. Los registros tienen que ver con la sanidad, cuya competencia está delegada en las comunidades autónomas. La incorporación al programa, que es lo único que existe ahora mismo en España, es voluntaria. La persona afectada tiene que querer estar en el programa de vigilancia de trabajadores expuestos. De tal manera que si una persona un año se pide un reconocimiento médico y al año siguiente no asiste se le da de baja del programa.

¿Manejáis cifras de cuántas personas podrían estar afectadas en el país?

Habitualmente, lo que hacemos es compararnos con los países que sí tienen registros. Haciendo una estimación del número de población y las toneladas importadas. Pero no dejan de ser eso, estimaciones con un valor estadístico que no es del todo admitido. Lamentablemente, van quedando cada vez menos personas enfermas porque van falleciendo. Ahora hay que ver qué ocurre con el amianto instalado y con los enfermos ambientales. Con ellos es mucho más difícil encontrar la causa-efecto de las enfermedades que van a contraer ya que mucha gente está expuesta en su vida cotidiana al amianto, pero lo desconoce. Entonces, cuando estén enfermos, a no ser que sea por una de las enfermedades visibles del amianto, no lo van a saber. Es una de las tragedias que tiene el amianto: va a seguir dejando muertos y enfermos pero éstos no van a saber que lo están.

"Queremos que el Estado español establezca una fecha futura en la que se pueda aclarar que 'España es un país sin amianto'"

¿Conoce las prestaciones medias que se están dando en otros países?

Tiene que ver con las patologías que se hacen. Hay diversas enfermedades relacionadas directamente con el amianto. De las menos graves, como la EPOC, a las más graves como el cáncer de pulmón o el de laringe. En función de eso hay una serie de baremos, también depende de la edad. Las cantidades varían bastante. Como hemos visto en otros países, entendemos que las ayudas siempre van a ser menores o más reducidas a las que se consiguen mediante una reclamación judicial. Aquí lo que queremos es que los enfermos de manera inmediata puedan ver reconocidos sus derechos y que se les puedan indemnizar en vida para mejorar su calidad.

¿Qué le pide directamente a las administraciones para acelerar el proceso?

Tanto el Estado español como Sanidad tienen que entender que esto es un problema de salud pública y como tal el Gobierno tiene que actuar con responsabilidad. Hacerlo en dos vías: reconociendo los derechos de las víctimas e informando a la sociedad de dónde está el amianto a través de mapas, contar qué peligros tiene y decir cómo hay que tratarlo , evitando que puedan haber víctimas futuras. Queremos que el Estado español establezca una fecha futura en la que se pueda aclarar que España es un país sin amianto.

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