Destacan tres desafíos que constituyen demandas de los ciudadanos y los profesionales a nivel nacional: la gestión de recursos humanos, el acceso equitativo a los fármacos y mejorar las opciones terapéuticas en el ámbito de la Salud Mental.
La base de nuestro SNS son nuestros profesionales sanitarios. Sin una política adaptada a las carencias actuales de recursos humanos no es posible responder adecuadamente a las necesidades de los ciudadanos. Urge una Estrategia Nacional de Recursos Humanos, un plan de coordinación entre el Estado y las Comunidades Autónomas que recoja las demandas solicitadas, teniendo en cuenta las peculiaridades de cada territorio. El Consejo Interterritorial del SNS debe coordinar de manera eficaz estas relaciones y no actuar como un órgano de envío de información unilateral. Se deberían tomar decisiones en conjunto, de tal manera que la sanidad pública española camine en una misma dirección, al unísono y con la participación de todas las regiones. Las políticas que giran entorno a la sanidad española necesitan el consenso de parlamentos y gobiernos sin excusas.
En este momento seguimos arrastrando, desde hace 6 años, un déficit de profesionales a nivel nacional. Sólo en la Comunidad de Madrid se prevé una pérdida del 35% de la plantilla actual debido a las próximas jubilaciones y, en enfermería, la pérdida de profesionales está prevista que sea del 23% en los próximos años. La situación es más compleja en Atención Primaria o en las Urgencias. En La Comunidad de Madrid se puso en marcha el plan de Mejora Integral de Atención Primaria en el año 2023 que contemplaba, entre otras medidas, mejoras salariales y la consideración de la categoría profesional. Sin embargo, todavía queda un largo recorrido que también debe liderar el Ministerio de Sanidad.
Las estrategias que funcionan son las que se basan en un enfoque integral, es decir, de nada sirve aumentar las plazas de MIR si no se acompaña de los recursos docentes correspondientes
Es necesario abordar esta cuestión desde un punto de vista global y a largo plazo. Hay determinadas especialidades como Medicina Familiar y Comunitaria o los profesionales de la Salud Mental, tanto de Psiquiatría como de Psiquiatría Infantil y de la Adolescencia, que claramente necesitan cubrir las plazas de Médico Interno Residente (MIR) y ampliar su plantilla. Es imprescindible revisar las condiciones laborales de los profesionales en general, no sólo retributivas, por ello la reforma del Estatuto Marco para adecuarlo al momento que estamos viviendo ahora es tan importante. No se trata de una reforma a golpe de ocurrencia, hay que sentarse, dialogar, y negociar con todas las partes, bajo el paraguas de la realidad que nos acompaña, donde se priorice la flexibilidad y se amplíen las posibilidades de nuestros profesionales. Las consignas restrictivas son un impedimento para el desarrollo de una carrera profesional completa, que evita que los profesionales puedan nutrirse de experiencias diversas, por tanto, obstaculizando el camino hacia la excelencia.
Este año ha comenzado con la convocatoria de las plazas MIR en el mes de enero, es cierto que se ha aumentado la oferta de plazas, pero, sin duda, ha sido insuficiente puesto que se han quedado fuera casi 6000 aspirantes que se podrían haber integrado en SNS, persistiendo un déficit de profesionales acuciante. Por otro lado, las estrategias que funcionan son las que se basan en un enfoque integral, es decir, de nada sirve aumentar las plazas de MIR si no se acompaña de los recursos docentes correspondientes. Hay que planificar considerando todo el itinerario formativo, garantizando unos estándares de calidad que, posteriormente, deriven en una atención sanitaria de primer nivel.
Para todo ello hace falta financiación. El crecimiento y envejecimiento de la población demandan un incremento del presupuesto que permita cubrir las ratios por habitante, son variables que no se pueden obviar, puesto que condicionan cualquier estrategia de planificación en el medio y largo plazo. Haría falta un incremento considerable del presupuesto destinado al SNS para cubrir las demandas más apremiantes. Otro desafío que, a día de hoy, no ha sido atendido como merece por parte del Ministerio de Sanidad, es dar solución a la demora en los plazos para la inclusión de nuevos tratamientos en la cartera de servicios o en la autorización de nuevos fármacos, poniendo especial atención en aquellos que están dirigidos a tratamientos oncológicos.
Uno de los casos más preocupante fue el de un medicamento, dirigido apacientes adultos y pediátricos con tumores sólidos, que alarga la vida hasta 4 años, pacientes sin otra alternativa terapéutica. Se trata de larotrectinib (Vitrakvi), cuyo retraso para incluirlo en el SNS ascendió a 1.473 días. El Ministerio rechazó su financiación durante 3 años. Recordemos que la legislación europea y estatal permite una demora máxima de 180 días. El último informe W.A.I.T, publicado en junio de 2024, indica que los medicamentos en general tardan de media 661 días en estar disponibles para el paciente y sitúa la media de acceso a terapias innovadoras contra el cáncer en 725 días, por detrás de países como Alemania, Francia, Turquía o Grecia entre otros. Estos datos vuelven a reflejar, un año más, la necesidad de mejorar el acceso a medicamentos innovadores en España. Por ejemplo, siguen sin establecerse procedimientos ágiles y transparentes dentro de la Comisión Interministerial del Precio de los Medicamentos.
El tiempo medio que tarda el Estado en admitir un fármaco de este tipo en su catálogo es de 23 meses. Un tiempo perdido para las personas que esperan su tratamiento
La situación que se crea, para médicos y pacientes, supone la obligación de optar por alternativas, con procesos burocráticos adicionales, como la solicitud de tratamientos a través de medicamentos extranjeros o de uso compasivo, alternativas que no siempre están al alcance de todos los pacientes de manera equitativa, estableciendo diferencias de acceso a medicamentos entre CC.AA. En consecuencia, el principio de igualdad territorial, que recoge nuestra Constitución, se posiciona en situación de jaque. En resumen, hay que revisar los mecanismos regulatorios para que no constituyan un obstáculo para los pacientes en vez de una solución. No hay que olvidar a aquellas personas afectadas por enfermedades raras o poco frecuentes que están a la espera de tratamientos con medicamentos huérfanos y ultrahuérfanos. Según un estudio de la Asociación Española de Laboratorios de Medicamentos Huérfanos y Ultrahuérfanos (AELMHU), el SNS financia únicamente la mitad de los productos de este tipo que se comercializan, ignorando el reconocimiento del Parlamento Europeo que, ya en el año 2000, consideró que estos pacientes deben tener el mismo derecho a un tratamiento que los otros pacientes al margen del coste.
El proceso administrativo para su aprobación es largo, una vez recibida la autorización por parte de la Agencia del Medicamento Europea (EMA) para su comercialización en los países de la UE, permitiendo su venta en el mercado español, el SNS decide si los financia o no. El tiempo medio que tarda el Estado en admitir un fármaco de este tipo en su catálogo es de 23 meses. Un tiempo perdido para las personas que esperan su tratamiento, que pone en riesgo su salud y que, por tanto, es urgente agilizar.
Por último, una cuestión que no acaba de abordarse con el empeño y la cohesión que realmente se requiere es la Salud Mental, cuya demanda se ha intensificado, sobre todo, después de la pandemia. En el Pleno del Senado, en marzo de 2024, se acordó la creación de una Ponencia de estudio sobre la salud mental y la prevención del suicidio, dependiente de la Comisión de Sanidad, para detectar las mejoras y las demandas que la sociedad precisa en la actualidad. Cómo señalaba al principio, hay una necesidad de profesionales de la salud mental perfectamente detectada. Contamos con una de las tasas más bajas de la Unión Europea de profesionales de la salud mental, con 9,27 psiquiatras y 6 psicólogos clínicos por cada 100.000 habitantes. Lo que hace imposible, en muchas ocasiones, cubrir las plazas necesarias para poder atender a nuevos pacientes. Por tanto, hay que dar una solución basada en el incremento de plazas de formación de estos profesionales. Vuelve a ser necesario que el Ministerio haga un esfuerzo de comunicación con las Comunidades Autónomas en este sentido. En la misma línea, es vital impulsar entre todos un Plan de Prevención del Suicidio para toda España, de tal forma que abarque está problemática desde una perspectiva integral y coordinada, promoviendo las mismas posibilidades de acceso terapéutico en cada territorio.
Todos estos desafíos no han recibido la atención y la respuesta que se debe exigir a tenor de la situación en la que se encuentra la sanidad española. Hay una necesidad palmaria de transformar la gestión actual, basada en la inmovilidad, en una gestión eficaz y eficiente, es decir, diligente, transparente y adaptada al contexto actual. La colaboración y coordinación entre centros formativos, Comunidades Autónomas y el Ministerio será esencial para que nuestra sanidad esté a la altura, todo ello teniendo en cuenta los retos demográficos y asistenciales que nos esperan en los próximos años.