Si les preguntase qué prefieren, cien mil euros ahora o un millón de euros dentro de diez años, ¿qué respondería? Ese es el dilema que la obra teatral de Jordi Vallejo muestra al espectador a través de las fantásticas actuaciones de Luis Merlo, Antonio Molero, Maru Valdivieso y Marina San José. Una simple cuestión que conlleva mucho más de lo que aparentemente dejar entrever.
Se preguntarán a qué viene esta anotación teatral cuando queremos hablar de sanidad. Tiene mucho que ver. Con la llegada de unos nuevos presupuestos y la aparición de nuevos retos en estos últimos años para el Sistema Nacional de Salud, puede que se nos plantee este dilema, en un horizonte no muy lejano, en el ámbito de la gestión sanitaria.
Como bien saben, los recursos con los que mantenemos nuestro sistema sanitario son finitos y cada año existen otros elementos que pugnan por llevarse parte de dicho presupuesto a otras partidas o elementos que amenazan con disparar este gasto hasta llegar a niveles en que sea difícil incorporar nuevos fármacos y tecnologías sanitarias.
Recientemente, hemos conocido un caso concreto que puede ser similar al dilema previo, especialmente para los gestores políticos del sistema: Hepatitis C. Según los datos que han facilitado el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social para noviembre se habían tratado 117.452 pacientes con un gasto total de 2.122,46 millones de euros. Los decisores políticos se vieron enfrentados a un dilema parecido al de la señalada obra, especialmente en los inicios del tratamiento, al no existir competencia en fármaco que eliminaba el virus C, dándose el primer año un gasto de 1.205 millones de euros para tratar a 38.067 pacientes. Un 56% del gasto total del programa para cubrir apenas un 30% de los afectados. Sus decisiones fueron primordialmente guiadas por la presión social y mediática en lugar de atender a criterios de eficiencia y coste-eficacia.
Ante esta tendencia de aumento de gasto, que no cesará, ahora aparecen nuevos fármacos basados en terapias génicas
Bien, ahora tenemos sobre la mesa y en el horizonte problemas que van a volver a plantear este dilema en el corto y medio plazo. Por un lado, nos encontramos un gasto cada vez mayor en pensiones, debido al envejecimiento poblacional y al aumento de la esperanza de vida. Recordemos que en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de 2019, el gasto total presupuestado es de 345.358.445.760 euros, su principal partida es la destinada a pensiones que asciende a 153.864.285.980 euros. Un 44% del gasto total del presupuesto anual y que supone un aumento de 6.500 millones de euros en comparación con el año anterior. Una cuantía nada desdeñable y que muestra una tendencia alcista que parece no parará en el corto plazo. Por otro, encontramos una mayor presencia de enfermedades crónicas y gasto de farmacia asociado. El pasado noviembre el Ministerio de Sanidad estimaba que el gasto farmacéutico a través de receta oficial del Sistema Nacional de Salud ascendía a 10.466 millones de euros.
Ante esta tendencia de aumento de gasto, que no cesará, ahora aparecen nuevos fármacos basados en terapias génicas que con una sola administración son capaces de curar enfermedades como la leucemia linfocítica aguda en menores o un subtipo de linfoma no Hodgkin. Ambas terapias ya están aprobadas por la FDA y no tardarán en llamar a las puertas de Europa. El único inconveniente es su coste: cerca de 400.000 euros el tratamiento por paciente. A día de hoy existen otros tantos tratamientos de este tipo, y coste, a las puertas de ser aprobados, por lo que en un medio plazo, podemos tener que vernos en la tesitura de reformular el gasto presupuestario de nuestro país, no sólo por las pensiones, si no por las exigencias sociales de la inclusión de todos estos nuevos fármacos en la Cartera Básica del Sistema Nacional de Salud. Es entonces cuando los futuros decisores sanitarios deberán mostrar una capacidad de decisión lo más aislada posible de las presiones mediáticas y sociales y analizar racionalmente los beneficios y desventajas que cada decisión puede tener para el conjunto de la sociedad. Es entonces, también, cuando la ciudadanía deberá reflexionar y la que se deberá preguntar: ¿Qué preferimos, limitar la revalorización de las pensiones? ¿Eliminar otros gastos que podrían no ser vistos como esenciales o ahorros y desgravaciones que actualmente se aplican a personas y empresas ?¿Limitar la posibilidad de acceder en igualdad de condiciones y gratuitamente a estos tratamientos?. ¿Qué preferimos? ¿Cien mil euros ahora o un millón dentro de diez años?
Solo espero que la sociedad y los decisores políticos estén a la altura cuando llegue este momento y muestren la valentía para aceptar los pros y contras de una y otra decisión, no dejándose llevar por las exigencias puntuales de ese momento.