La compra de una partida de 9.000 test rápidos inservibles (reconocidos por Sanidad, aunque parece que fueron más de 50.000), a una empresa que no se encuentra entre las homologadas por las autoridades Chinas, es muy grave y no lo debería pasar por alto el ministro de Sanidad, Salvador Illa.
La propia embajada China en España ha publicado a través de su cuenta de Twitter que el Gobierno español, por medio del Ministerio de Sanidad, hizo caso omiso de sus recomendaciones al indicar los proveedores homologados por el Gobierno Chino y en esa lista no se encuentra la empresa Shenzhen Bioeasy Biotechnology, empresa a la que el Ministerio de Sanidad ha comprado los test.
Fernando Simón, se ha apresurado a decir que han procedido a la devolución de los test y que se cambiarán por otros validos, ¡solo faltaría que encima lo tuviéramos que pagar! Pero la cuestión es mucho más sería, no se trata de 9.000 test que no se podrán hacer de inmediato, se trata de 9.000 personas que no podremos saber si están contagiadas o no por coronavirus por culpa de la negligencia y mala gestión de algún responsable del ministerio.
El ministro de Sanidad tiene que pedir explicaciones y depurar responsabilidades en su departamento
La oposición ha exigido explicaciones al Gobierno, que ha calificado de “chapuza” la gestión de compra de los test y le acusa de “incompetencia”. Parece lógico que en un momento tan importante y delicado por el que está atravesando la sociedad española, no se puede fallar en este tipo de gestiones donde nos jugamos mucho todos.
El ministro de Sanidad no sólo tiene que pedir explicaciones a los responsables de su departamento, tiene que depurar las responsabilidades que sean necesarias para asegurarse que una situación como esta no volverá a ocurrir y por ello, debería cesar de inmediato a Patricia Lacruz, como directora general de la Cartera Básica y Farmacia del ministerio de Sanidad y máxima responsable de garantizar la calidad, eficacia y seguridad de los medicamentos que se consumen en nuestro país. El ministro Illa debe actuar con mano firma y demostrar su liderazgo en un momento de crisis, de lo contrario podría dar una imagen de debilidad que le podía llevar a la pérdida de confianza por parte de la opinión pública y del propio Presidente del Gobierno.