Pocas veces la ciudadanía concibe que la importancia de la sanidad en el presupuesto total de las administraciones públicas supone una de las partidas más importantes. Si bien a nivel nacional el nivel de presupuesto del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social es del 0,03% del total, unos 90 millones de euros, este porcentaje se dispara cuando bajamos al nivel autonómico, donde la carga presupuestaria de la sanidad ronda entre el 30 y 40% de todos los presupuestos autonómicos.
Por ejemplo, para la Comunidad de Madrid en su presupuesto para el año 2019, de los algo más de 20.000 millones de euros que tiene el total, 8.106 millones van destinados a sanidad. En Andalucía para el ejercicio 2018, casi un 26% de su presupuesto, algo más de 9.000 millones, pertenecen a gastos en sanidad. Para la Comunidad Valenciana en su presupuesto para este año, de sus más de 22.000 millones de euros, el 30% de éstos, algo más de 6.600 millones, van a sanidad. Así con el resto de territorios autonómicos. Un suma y sigue cuyo resultado final nos da miles de millones de euros.
Esta falta de visibilidad se traduce en que, de las pocas leyes y numerosos Reales Decretos-Ley que se han aprobado esta legislatura, recién acabada, pocas son relativas a la sanidad
Esta falta de peso económico en el ámbito nacional, unido quizá a la falta de competencias que el propio Ministerio de Sanidad tiene, además de las que no utiliza, se traduce en una infrarrepresentación de los debates sanitarios tanto en el pleno del Congreso de los Diputados como del Senado. Esta falta de visibilidad se traduce en que, de las pocas leyes y numerosos Reales Decretos-Ley que se han aprobado esta legislatura, recién acabada, pocas son relativas a la sanidad.
Sólo hay dos elementos legislativos estrictamente sanitarios, que han sido aprobados en esta XII Legislatura: el Real Decreto-ley 17/2017, que se modifica la Ley 28/2005, de medidas sanitarias frente al tabaquismo, que transponer la Directiva 2014/40/UE al respecto; y el Real Decreto-ley 7/2018, de 27 de julio, sobre el acceso universal al Sistema Nacional de Salud. Ambas normas, manifiestamente mejorables y que así quedó patente durante su debate. Otras iniciativas como la Ley de Derechos y Garantías al final de la vida o la Ley de indemnizaciones a las víctimas del amianto se han quedado a las puertas de ser aprobadas. Sin embargo, en términos sanitarios podemos decir que esta legislatura recién acabada ha sido nula en cuanto a reformas sanitarias.
Todo esto muestra cómo la sanidad, una materia tan relevante tanto a nivel presupuestario como para los ciudadanos, no está teniendo el peso que le corresponde en esta precampaña
Pese a que la Comisión de Sanidad, Consumo y Bienestar Social ha sido prolífica en la aprobación de iniciativas no legislativas, todo ello ha quedado en casi nada. El otro logro sanitario de la Legislatura remarcable sería la regulación de las ayudas a las víctimas de la talidomida que contenía el Presupuesto de 2018. Pese a que hubo un consenso entre PP y Ciudadanos al respecto, el PSOE ha tenido enfrente a la asociación de víctimas a la hora de reconocer y hacer que tributen por estas ayudas. Podemos decir que ha sido un logro agridulce para los afectados.
Todo esto muestra cómo la sanidad, una materia tan relevante tanto a nivel presupuestario como para los ciudadanos, no está teniendo el peso que le corresponde en esta precampaña. Apenas se han escuchado propuestas concretas al respecto. Esperemos que los diferentes partidos comiencen a desgranar propuestas sanitarias en las próximas semanas y podamos ver un debate serio y centrado en esta materia. También es fundamental que los medios de comunicación hagan un esfuerzo por centrar el tema. Nuestros ciudadanos se lo merecen, pero sobretodo, nuestra sanidad.