Desde la Asociación de Centros y Empresas de Hospitalización Privada de Madrid (ACHPM) no podemos permanecer indiferentes cuando se cuestiona la actividad de las entidades que representamos. Desde nuestro punto de vista, la colaboración pública-privada es una oportunidad para optimizar la utilización de todos los recursos, con independencia de su titularidad, y ofertar a los ciudadanos servicios sanitarios de calidad en el plazo que se requieren. Por ley*, además, cuando se acuerda una colaboración pública-privada, la misma “deberá mejorar la eficiencia de la gestión pública”, lo que equivale en la práctica a una garantía suplementaria para el usuario-paciente de que el servicio, financiado públicamente, que le presta un centro sanitario privado, es de un rango excelente y presupuestariamente transparente.
Ocurre, sin embargo, que estamos abocados a ceremonias de confusión. La semana pasada, bajo el título: “Tratar a un paciente en la Fundación Jiménez Díaz (FJD) cuesta a la Comunidad un 40% más que tratarlo en La Paz”, un medio de comunicación señalaba que utilizando un indicador conocido como Unidad de Complejidad Hospitalaria (UCH), el mismo era de 4.904 euros en el Hospital La Paz y de 6.929 euros en la Fundación Jiménez Díaz (FJD), un 40% más. Las fuentes de dicha información según ese medio, eran la Cláusula Undécima del Convenio firmado el pasado mes de mayo entre la Consejería de Sanidad y la FJD, que es público y accesible en Internet, y fuentes no determinadas de los hospitales La Paz y Doce de Octubre. La Consejería de Sanidad había informado a este medio que la comparación no era posible puesto que los hospitales públicos madrileños no disponen de UCH actualizada. A pesar de esta observación, la información se difunde y es a su vez replicada en otros medios y fundamentalmente en redes sociales.
"La colaboración pública-privada es una oportunidad para optimizar la utilización de todos los recursos, con independencia de su titularidad, y ofertar a los ciudadanos servicios sanitarios de calidad en el plazo que se requieren"
La FJD salió al paso de esa falsedad con un desmentido categórico de ese supuesto sobrecoste, dando una explicación técnica sobre cómo se calculan los distintos indicadores que determinan la UCH, recordando que la Consejería de Sanidad había advertido que no están actualizadas las UCH de los hospitales de titularidad pública y añadiendo, finalmente, que el valor de la UCH de la FJD anterior al último cambio cuando dichos indicadores en 2018 eran homogéneos y por tanto comparables, ascendían a 3.436,25 euros en la Fundación y, según los datos ahora difundidos, a 4.904 euros en La Paz y 4.900 euros en el Doce de Octubre, un 42,61% más. Distintos medios de comunicación recogieron este desmentido, pero su recorrido en redes sociales fue menor. Literalmente resulta indignante.
En primer lugar por el desprecio a la verdad y la objetividad. Hay que advertir y reconocer que el cálculo del coste de la asistencia sanitaria pública especializada en la Comunidad de Madrid es un ejercicio complicado. La elaboración de presupuestos se ha basado en lo ya asignado históricamente más incrementos porcentuales similares para todos. Ello implicaba que las situaciones infrapresupuestación y sobrepresupuestación se mantenían durante años y sólo variaban por criterios políticos. Los hospitales públicos no tienen la obligación de facturar sus servicios, ya disponen de presupuesto, por otra parte ampliable si exceden la previsión, y la codificación y elaboración de información estructurada sobre sus costes, ha sido durante muchos años un ejercicio de voluntarismo que algunos han llevado a cabo con eficiencia y otros se han movido un tanto a remolque a base a estimaciones. Resulta comprensible que si en la actualidad la Consejería de Sanidad exige a sus centros esas codificaciones con niveles de rigor, la homogeneización de esos datos lleve algo más de tiempo.
Por otra parte, cuesta mucho trabajo admitir que cuestiones puramente ideológicas interfieren en el desarrollo de la atención sanitaria a la población sin razones objetivas que lo sustenten. En ocasiones se está llegando a simplificaciones maniqueas sobre la izquierda y la derecha que no se sustentan en la realidad social que es mucho más transversal y heterogénea. Uno de los mayores niveles de frivolización se dan con los llamados “mantras”, los hay tanto de izquierdas como de derechas, y corresponden a la categorización de algunos argumentos como si fueran verdades absolutas. Asistimos a la expansión de algunos mantras como el que demoniza a la sanidad privada y la califica como enemiga de los servicios públicos. Lo dicen, lo repiten y lo trasmiten sin profundizar ni justificarlo. En un Estado de Derecho, como España, la legislación vigente nos obliga a todos.
"Cuesta mucho trabajo admitir que cuestiones puramente ideológicas interfieren en el desarrollo de la atención sanitaria a la población sin razones objetivas que lo sustenten"
El artículo 38 de la Constitución consagra la economía de mercado en el marco de la libertad de empresa y, su artículo 43, reconoce el derecho a la protección de la salud y atribuye a los poderes públicos las competencias para organizar los servicios necesarios. El artículo 66 de la Ley General de Sanidad contempla la vinculación del sector privado al Sistema Nacional de Salud a través de convenios singulares. Dichos convenios, como ya se ha mencionado, de conformidad con lo previsto en el artículo 48 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, deben mejorar la eficiencia de la gestión pública. En este marco, que es en el que por imperativo legal desarrollan su actividad las empresas de la sanidad privada que colaboran con el sistema público, ¿cómo puede identificarse a esta como principio de todos los males? Pues lamentablemente sucede.
La falsa información de sobrecostes en la FJD, insertada en ese mantra contra la sanidad privada, en mi opinión, fue difundida la semana pasada como parte de una estrategia del partido Más Madrid. Su grupo parlamentario en la Asamblea de Madrid (parlamento regional) presentó dos proposiciones de ley. Una para homogeneizar los presupuestos de los hospitales públicos madrileños con criterios de población, complejidad, actividad asistencial y flujo intercentros. Otra proposición, para exigir la revisión del convenio con la FJD. Su argumento es el pretendido sobrecoste, algo que la diputada portavoz de Sanidad Mónica García ya había planteado en la anterior legislatura, cuando pertenecía a Podemos. Por aritmética parlamentaria, estas proposiciones no saldrán adelante. No obstante, el ruido generado y la información difundida, que en ningún momento ha relacionado la denuncia del pretendido sobrecoste con la acción política, han cuestionado a un centro y en su conjunto al sector de la sanidad privada. No es justo, no es admisible y exigimos un mayor respeto a la corrección política y, sobre todo, a la verdad.
* Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público. Artº 48.3.