Finalmente se aprobó, con nuestra abstención y el voto favorable a su tramitación como proyecto de ley, el decreto de Sanidad universal, tan largamente anunciado por la exministra de Sanidad. Pocos casos de propaganda han sido tan efectivos como este que nos ocupa.
Partamos de la base que, efectivamente, el decreto de 2012 fue un desastre sanitario y, sobre todo, político. El decreto introducía algunas medidas sensatas en el gobierno de nuestro Sistema Nacional de Salud que se vieron ocultadas por la supuesta exclusión de los inmigrantes irregulares. Digo supuesta porque antes del decreto se prestaba asistencia sanitaria en condiciones de igualdad solo a aquellos inmigrantes que estuvieran empadronados en algún municipio. La exclusión sanitaria provocada por el decreto solo afectó, por tanto, a aquellos que estando empadronados no tenían residencia legal. El resto de inmigrantes irregulares ya estaban fuera del paraguas de la ley de cohesión sanitaria del 2003. Éste es un dato que se omite, de manera intencionada, con cierta frecuencia.
En cualquier caso “antes”, “durante” y “después” del decreto de 2012 la asistencia a los inmigrantes irregulares en nuestro país ha sido una de las más generosas de toda la UE. Según los datos publicados por EuroHealth en 2014, Alemania sólo presta asistencia de urgencias con la obligación de comunicar los datos de las personas asistidas al ministerio del interior, lo que puede suponer su inmediata expulsión. Irlanda, Noruega, Finlandia, Dinamarca, Polonia, Austria, República Checa, Eslovaquia, Grecia, Rumanía, Bulgaria o los Países Bálticos sólo prestan asistencia urgente. Gran Bretaña sólo presta asistencia de urgencia y asistencia primaria en algunos casos pero desde 2017 esto puede suponer, igual que en Alemania, que los datos de las personas atendidas puedan ser transferidos al Home Office (ministerio del Interior), con el riesgo de ser deportadas. En el conjunto de la Unión Europea, según el informe de Médicos del Mundo de 2017, el 55% de los inmigrantes en Europa deben de pagar el coste completo de su asistencia sanitaria, el 18% solo tiene acceso a la urgencia y sólo el 17% tiene cubiertas todas las necesidades. No deberíamos, por consiguiente, excedernos en nuestros golpes de pecho.
En cualquier caso “antes”, “durante” y “después” del decreto de 2012 la asistencia a los inmigrantes irregulares en nuestro país ha sido una de las más generosas de toda la UE
Hemos de señalar, por tanto, como fraudulenta, a la vista de los datos objetivos, la exposición de motivos del decreto aprobado. Decreto que en su tercer párrafo dice literalmente: “En el ámbito de la normativa internacional, tanto supranacional como europea, el derecho a la protección de la salud se reconoce de manera expresa como un derecho inherente a todo ser humano, sobre el que no cabe introducción de elemento discriminatorio alguno, ni en general ni en particular, en relación con la exigencia de regularidad en la situación administrativa de las personas extranjeras”. Esto es simplemente falso en el entorno de la UE. Los hechos así lo demuestran.
Desde Ciudadanos hicimos saber a la ministra nuestro acuerdo en que la sanidad debe de ser un derecho de ciudadanía y no un derecho de aseguramiento por lo que estábamos sustancialmente de acuerdo con la reversión del 2012 a este respecto. Sin embargo, y por la misma razón, en lo que respecta a la asistencia a los inmigrantes irregulares, le manifestamos nuestro rechazo a que la asistencia sanitaria se prestase en condiciones de igualdad. Si el derecho a la asistencia sanitaria es un derecho de ciudadanía no debería ser lo mismo “ser ciudadano” que “no” serlo.
Si el derecho a la asistencia sanitaria es un derecho de ciudadanía no debería ser lo mismo “ser ciudadano” que “no” serlo
La ciudadanía incluye tanto derechos como obligaciones en nuestra Constitución. En primer lugar, incluye el deber de cumplir las leyes, incluidas las de inmigración. Apoyamos decididamente la necesidad de que se dé acceso universal a la atención primaria y a toda aquella asistencia hospitalaria que sea precisa. Nadie debería de morir en España por falta de asistencia. Nadie. Ninguna enfermedad debería de quedar sin tratamiento. Sin embargo nuestra cartera de prestaciones sanitarias incluye multitud de ellas que no son imprescindibles para recibir una asistencia que cubra los requerimientos necesarios. De hecho, es absolutamente falsa la afirmación de que los inmigrantes irregulares accederán a las prestaciones en condiciones de igualdad con los españoles ya que esta “igualdad”, que tan pomposamente se proclama, ni siquiera existe entre los propios españoles.
Las diferencias entre los residentes en las distintas Comunidades Autónomas son abrumadoras. En algunas comunidades se realiza la detección de 30 enfermedades congénitas en las pruebas de talón mientras que en otras sólo se realiza la de siete. Las diferencias en la financiación de implantes cocleares, audífonos, entre las diferentes autonomías se ha denunciado de forma reiterada por Fiapas, la mayor plataforma de familias de personas sordas en España. Los diabéticos tipo I saben bien cómo en unas CC.AA. se financian sensores y medidores continuos de glucosa y en otras no. La salud bucodental infantil es absolutamente diferente entre unas CC.AA. y otras…. Y así podríamos seguir así hasta el cansancio.
Por eso nuestro grupo parlamentario ha presentado tres veces una tarjeta sanitaria única para toda España y una propuesta para igualar las carteras de servicios de nuestra sanidad pública. Y las tres veces han sido negadas a los ciudadanos por el PSOE y los partidos nacionalistas. ¿Cómo se puede tener la desfachatez de proclamar la igualdad mientras se vota de manera reiterada contra ella? España ha estado, está y estará entre los países más generosos de la UE pero, en política de inmigración, o mantenemos una política común de derechos y deberes o nos encontraremos dentro de muy poco (ya empezamos a verlo) sufriendo las consecuencias de un buenismo irresponsable. Reclamamos del gobierno la búsqueda de un acuerdo europeo sobre política de inmigración que incluya también una política común de derechos sanitarios en estos casos. No podemos continuar a golpe de ocurrencias. Si creemos en la ciudadanía europea debemos de creer también en una política común de derechos y obligaciones europeas. La sanidad no debería de ser una excepción.
Ciudadanos dice SÍ a la sanidad como derecho de ciudadanía. SÍ a la igualdad entre todos los españoles y a la solidaridad con los más necesitados. Pero no cuenten con nosotros para la demagogia o la irresponsabilidad
Por tanto Ciudadanos dice SÍ a la sanidad como derecho de ciudadanía. SÍ a la igualdad entre todos los españoles y a la solidaridad con los más necesitados. Pero no cuenten con nosotros para la demagogia o la irresponsabilidad. La demagogia de hoy solo garantiza el triunfo del populismo del mañana.
Esta semana presentaremos nuestras enmiendas al decreto tramitado como proyecto de ley. Esperemos que la equidad deje de ser sólo una palabra para un partido socialista secuestrado por los nacionalistas. La tramitación como proyecto de ley nos permitirá saber qué significa “de verdad” la igualdad para la autoproclamada izquierda política de este país. Si no conseguimos una cartera única de servicios, si persisten las diferencias de derechos, acceso y prestaciones entre los españoles difícilmente podremos hablar ni de universalidad, ni de igualdad .