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INTERNOS CON PROBLEMAS PSIQUIÁTRICOS EN ESPAÑA

Al menos un 16 % de los presos con patología mental requieren tratamientos supervisados

En una respuesta parlamentaria a una pregunta del PP, el Ministerio del Interior indica que al menos el 16 % de los internos incluidos en el programa de atención a enfermos mentales precisa de supervisión sanitaria en la toma de sus tratamientos.

Alambrada en una cárcel (Foto: Stockvault)
Alambrada en una cárcel (Foto: Stockvault)

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30.01.2020 - 13:00

El Ministerio del Interior, a través de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, ha informado esta semana sobre la asistencia sanitaria que se presta en España a los reclusos con patología mental. Son pacientes integrados en el Programa Marco de Atención Integral al Enfermo Mental (PAIEM) y que está implementado “en todos los centros penitenciarios”.

La información se corresponde con una respuesta de Interior a una pregunta parlamentaria de dos diputadas del PP en el Congreso, Isabel Borrego y Ana Belén Vázquez, políticas que querían saber “¿en qué centros penitenciarios se distribuye de manera diaria la medicación a los reclusos con problemas psiquiátricos y en cuáles no, y quién realiza la entrega de los medicamentos a los reclusos?”.

A este porcentaje pertenecen reclusos con "conductas de riesgo, disruptivas o síntomas positivos", tienen "poca conciencia de enfermedad y un bajo nivel de adherencia"

A tener de esta pregunta, el Gobierno ha contestado que “en función de varias características”, como los referidos a aspectos clínicos y la autonomía de los pacientes, “se establece el tipo de intervención que comprende varios niveles”. Así, ha detallado hasta tres niveles diferentes, con diferentes grados de supervisión de los tratamientos y la tipología de entrega de los medicamentos.

TRES NIVELES DE INTERVENCIÓN

A fecha de 31 de diciembre de 2018, un 43 % de los internos con patología mental pertenecían al nivel uno. Esta clasificación engloba, según Interior, a pacientes “con ausencia de conductas de riesgo, de conductas disruptivas, de síntomas positivos o síntomas negativos que no interfieren significativamente con la integración”. Estos presos “pueden hacer vida normal en los módulos y suelen presentar conciencia de enfermedad con adherencia al tratamiento”. Por ello subrayan que “pueden no requerir tratamiento directamente supervisado”.

En el nivel dos estarían incluidos el 41 % de los reclusos con problemas mentales. Estos presentarían “síntomas positivos y/o cognitivos, y/o afectivos, y/o negativos que interfieren parcialmente con el funcionamiento y la integración”. Aunque también pueden hacer vida normal, lo hacen “de forma preferente en los módulos y pueden tener un nivel variable de adherencia”. Así, la variabilidad comprende “desde la adherencia hasta requerir la administración supervisada de alguna toma”.

La administración de estos tratamientos se realiza, según Interior, "por el personal sanitario de los centros penitenciarios conforme a la legislación vigente"

Finalmente, el 16 % restante se engloban en el nivel 3 de intervención. Estas personas suelen estar “preferentemente ingresados en la enfermería” ya que presentan “conductas de riesgo, disruptivas o síntomas positivos que interfieren significativamente con el funcionamiento y la integración al medio”. Debido a que suelen tener “poca conciencia de enfermedad y un bajo nivel de adherencia”, puede resultar “necesario la toma supervisada en todas sus tomas”.

ADMINISTRACIÓN “CONFORME A LA LEY VIGENTE”

Desde el Ministerio del Interior no especifican los centros penitenciarios concretos donde se hace la distribución diaria supervisada de medicación a los presos, como preguntaban las diputadas del PP. Además, subrayan que no pueden dar un dato concreto del número de pacientes que siguen un tratamiento supervisado ya que depende “de las características y capacidades individuales” de los propios internos.

Aún así, el Gobierno estima que “al menos el 16 % de los internos incluidos en PAIEM”, es decir, que pertenecen al nivel tres de intervención, “se encuentra en esta indicación”. Lo que sí explican es que esta administración “se realiza por el personal sanitario de los centros penitenciarios conforme a la legislación vigente”.

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