Avite ha presentado esta mañana ante la Audiencia Nacional EL anuncio de recurso contencioso-administrativo contra la desestimación presunta de la reclamación de responsabilidad patrimonial presentada ante el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social por importe de 390,5 millones de euros.
Este anuncio de recurso es el paso previo para que se formalice la demanda en la que Avite exigirá al Estado las cantidades que le corresponden a sus socios afectados por la talidomida reconocidas en la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, que a pesar del transcurso de más de un año aún nadie ha percibido.
Es el paso previo para que se formalice la demanda en la que Avite exigirá al Estado las cantidades que le corresponden a sus socios afectados por la talidomida reconocidas en la Ley 6/2018, de 3 de julio, de PGE para 2018
A este respecto, "el retraso es aún más inexcusable si se tiene en cuenta que hace ya casi tres años la proposición no de ley de 26/11/16, que se aprobó por unanimidad del Congreso de los Diputados, respecto de los afectados por la talidomida en España establecía que en 2018 las víctimas ya debían estar indemnizadas, y sin embargo la realidad es que a día de hoy no hay ni siquiera un solo afectado de la talidomida en España conforme al protocolo establecido al efecto hace nada menos que 20 meses", apuntan desde Avite.
La inactividad del Ejecutivo se extiende a más puntos fundamentales en esta tragedia, pues tampoco le consta a Avite que el Gobierno, en cumplimiento de la Ley de Presupuestos 6/2018, haya exigido a la farmacéutica Grünenthal el pago de lo que le corresponde; ni que haya procedido a estudiar la exención fiscal de las ayudas pendientes de recibir por los talidomídicos tal cual exigía la proposición no de ley de 26/11/16 antes citada.
Los socios de Avite sufrieron durante su gestación entre los años 50 y 80 del pasado siglo "terribles daños que se debieron haber evitado y que los dejaron sin brazos ni piernas, daños causados por la farmacéutica Grünenthal".
En pleno 2019, las víctimas españolas siguen siendo las únicas que no han sido indemnizadas en Europa, y pese a haber conseguido con un tremendo esfuerzo que sus reivindicaciones queden reconocidas en una ley, ahora se encuentran con un Gobierno que no cumple esta ley, y que parece que está esperando a que terminen de morirse para evitar pagar. Esto es lo que se va a denunciar ante el Poder Judicial sin demora, pues los afectados requieren ya ayuda económica para afrontar su difícil situación en la que dependen de terceros para actos de la vida diaria.