La Comisión Europea ha adoptado este lunes la decisión de registrar una Iniciativa Ciudadana Europea (ICE) denominada “Derecho a una cura”. Los organizadores de la ICE instan a la Unión a anteponer la salud pública a los beneficios privados y a hacer que las vacunas y los tratamientos para hacer frente a las pandemias se conviertan en un bien público mundial, de libre acceso para todos.
De forma particular, la ICE se propone cuatro grandes objetivos. En primer lugar, reclaman que se impida “que los derechos de propiedad intelectual, en particular las patentes, limiten la accesibilidad o disponibilidad de cualquier vacuna o tratamiento futuro contra la Covid-19”. Además, instan que se impida “que la legislación de la UE sobre exclusividad de los datos y exclusividad comercial limite la eficacia inmediata de las licencias obligatorias expedidas por los Estados miembros”.
La iniciativa reclama a los beneficiarios de fondos de la UE “la obligación legal de compartir, en un consorcio de patentes, conocimientos, propiedad intelectual o datos sobre tecnologías sanitarias"
Por otra parte, plantea que se imponga a los beneficiarios de fondos de la UE “la obligación legal de compartir, en un consorcio de patentes, conocimientos, propiedad intelectual o datos sobre tecnologías sanitarias relacionadas con la Covid-19”. Finalmente, proponen que se les imponga “obligaciones legales en materia de transparencia de las contribuciones públicas y los costes de producción, e introducir cláusulas de accesibilidad y asequibilidad en combinación con licencias no exclusivas”.
La Comisión Europea ha expresado que considera que la ICE es “jurídicamente admisible” porque reúne las condiciones necesarias, y por consiguiente, ha decidido registrarla. No obstante, la Comisión no ha analizado en esta fase el fondo de la ICE.
Una vez ha sido registrada la iniciativa, los organizadores pueden comenzar, en los próximos seis meses, un proceso de recogida de firmas de apoyo que durará un año. En caso de que, en ese plazo de un año, la ICE reciba un millón de declaraciones de apoyo procedentes de al menos siete Estados miembros diferentes, la Comisión deberá pronunciarse en un plazo de seis meses. La Comisión podrá decidir dar curso o no a la solicitud, pero en ambos casos deberá motivar su decisión.