El Defensor del Pueblo pide información sobre recortes sanitarios que afectan a mutualistas

La Institución, dirigida por Ángel Gabilondo, quiere conocer “el seguimiento que están llevando a cabo las mutuas para garantizar la continuidad asistencial que contempla el acuerdo firmado con los grupos privados”.

Ángel Gabilondo toma posesión como Defensor del Pueblo (Foto: Congreso)
Ángel Gabilondo toma posesión como Defensor del Pueblo (Foto: Congreso)

El Defensor del Pueblo, ÁngelGabilondo, ha iniciado este jueves actuaciones de oficio con las mutuas MUFACE, MUJEJU e ISFAS para solicitar información acerca de los “recortes detectados tras la firma de un nuevo concierto con aseguradoras privadas para la prestación de asistencia sanitaria a los mutualistas de estos tres organismos públicos”.

Por otra parte, esta Institución quiere conocer “el seguimiento que están llevando a cabo las mutuas para garantizar la continuidad asistencial que contempla el acuerdo firmado con los grupos privados”.

Ángel Gabilondo subraya que “dichos recortes suponen una pérdida en la continuidad asistencial y generan incidencias en la asistencia sanitaria”

Desde el Defensor del Pueblo aseguran que cuentan con datos relacionados con que las entidades privadas están dando de baja a médicos y hospitales que atienden a los mutualistas de MUFACE, MUJEJU e ISFAS. Según esta Institución, “esta situación estaría afectando sobre todo a las especialidades de oncología y psiquiatría, así como a los servicios de diálisis”.

A través de un escrito enviado a las tres mutualidades, Ángel Gabilondo subraya que “dichos recortes suponen una pérdida en la continuidad asistencial y generan incidencias en la asistencia sanitaria”. En esta línea, al dejar de ofrecer determinados servicios, “los mutualistas afectados no podrán acudir a sus revisiones médicas en sus centros habituales, con las implicaciones que ello supone para el seguimiento de su enfermedad”.

A juicio del Defensor, “la firma de un nuevo concierto con aseguradoras privadas no puede suponer una menor cobertura asistencial y una merma en la calidad de la atención que hasta ahora se venía prestando a los mutualistas”. Por ello, recuerdan a las mutuas “su obligación de velar por los derechos de los titulares, y beneficiarios adscritos, y de garantizar una asistencia sanitaria con el mismo nivel de calidad que la sanidad pública”.

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